El Gobierno de Nayib Bukele, a través del Ministerio de Hacienda, reafirmó su compromiso con el programa de $1,400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), asegurando estar «conforme a los tiempos» requeridos para la presentación del estudio actuarial clave para la reforma de pensiones y la revisión del programa fiscal.
El acuerdo, aprobado a principios de 2025 bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), exige al país una ambiciosa consolidación fiscal y reformas estructurales. Si bien el FMI ha concluido revisiones satisfactorias con desembolsos ya realizados, los puntos más sensibles del programa son el estudio actuarial y la revisión fiscal.
El estudio actuarial, solicitado por el FMI, es fundamental para evaluar el impacto de las recientes modificaciones al sistema de pensiones (vigentes desde 2023) y sentar las bases para una futura reforma que garantice la sostenibilidad del sistema previsional.
Inicialmente, el FMI había fijado un plazo para la publicación del estudio en julio de 2025, el cual fue extendido a septiembre del mismo año.
El Ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha evitado dar detalles sobre el contenido del informe o su divulgación inmediata, limitándose a indicar que el trabajo con el FMI se desarrolla en coordinación y que las acciones implementadas por el Gobierno ya estaban planificadas. Esta postura busca proyectar confianza y control sobre la hoja de ruta económica.
La revisión del programa fiscal es otro pilar del acuerdo, centrado en lograr una consolidación fiscal que ponga la deuda pública en una senda descendente. Las autoridades salvadoreñas han señalado que el acuerdo con el FMI sirve de «soporte» para las políticas que han venido implementando.
El programa contempla medidas fuertes fiscales, ya incluidas en el presupuesto, destinadas a reducir la masa salarial, el gasto en bienes y servicios, y las transferencias.
El Ejecutivo busca demostrar que está logrando el objetivo de mejora del balance primario (alrededor del 3.5% del PIB a lo largo de 3 años) a través de esfuerzos propios, lo que el FMI ha reconocido hasta ahora como un «desempeño sólido» del programa. El compromiso de mejorar las finanzas públicas se lleva a cabo, según las autoridades, fortaleciendo al mismo tiempo el apoyo a los más vulnerables y protegiendo la inversión pública prioritaria.
Analistas económicos señalan que, si bien el Gobierno ha cumplido con los desembolsos y muestra avances en la disciplina fiscal, la transparencia total y la divulgación de documentos clave como el estudio actuarial serán cruciales para asegurar la confianza y el éxito a largo plazo del programa con el FMI.