Autoridades de la Fuerza Armada, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica detonaron un cargamento de 1.800 granadas de mano y 639 morteros calibre 90 milímetros, que eran propiedad del Ejército y que ya estaban en «malas condiciones».
La detonación de los explosivos tiene como objetivo que estos «no lleguen a manos de criminales».
El coronel Rigoberto Escobar dijo a periodistas que los artefactos explosivos «se encontraban en las instalaciones de la Fuerza Armada y estaban en malas condiciones, según un análisis que se les hizo».
El militar informó que la destrucción de las municiones comenzó el miércoles y concluirá el viernes, y su objetivo es «quitarlos de circulación para que no lleguen a manos de criminales o personas que causen daños con ellos».
La destrucción de las granadas y morteros se realiza con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, que a través del proyecto HALOAmericaLat, colabora con la Fuerza Armada del país para «hacer un proceso adecuado para deshacerse de las armas», explicó a la prensa Anaída Haas, subconsejera política de la Embajada.
«Nuestro objetivo es apoyar para la demolición de municiones y armas obsoletas que ya han vencido (…) el Gobierno de El Salvador nos ha pedido el apoyo de destruirlas de una manera segura y esto ayuda a que no caigan en manos de grupos criminales», señaló.
La funcionaria diplomática reiteró que el Ejecutivo estadounidense apoya a esta país desde los últimos dos años y «durante ese tiempo se han destruido miles tipos de armas, otras municiones y morteros».
Los artefactos fueron llevados a un terreno propiedad de la Fuerza Armada, utilizado para prácticas y ejercicios militares y ubicado en el departamento de La Paz, a unos 40 kilómetros de San Salvador.
En el país es frecuente que las autoridades de Seguridad arresten a pandilleros o personas relacionados con estos grupos con armas y municiones de uso militar, sin que se brinde una explicación de cómo pudieron ser obtenidas por estas personas.