En una jornada marcada por sentencias contundentes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el miércoles que diversos tribunales de El Salvador han procesado a un total de 214 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13). Entre los fallos más destacados, 17 pandilleros fueron condenados a 130 años de prisión cada uno por crímenes que conmocionaron a la opinión pública en años recientes.
Justicia para los hermanos Guerrero Toledo
La condena máxima de esta jornada, de 130 años de cárcel, fue impuesta a 17 integrantes de la estructura criminal por su responsabilidad directa en la desaparición y el homicidio de los hermanos Guerrero Toledo, un hecho ocurrido en diciembre de 2021. Este caso se convirtió en un símbolo de la violencia de las pandillas antes de la implementación de las medidas de seguridad vigentes, y la resolución de hoy es vista por las autoridades como un cierre definitivo en la búsqueda de justicia para la familia.
Otras sentencias de alto impacto
Además de las condenas por el caso Guerrero Toledo, el sistema judicial dictó sentencia contra otros 11 miembros de la misma estructura:
- Condena: 75 años de prisión para cada uno.
- Delito: Desaparición y homicidio de la futbolista Jimena Granados, cometido en octubre de 2021.
Radiografía del proceso masivo
Los 214 pandilleros procesados pertenecen a clicas que operaban principalmente en el departamento de La Libertadentre los años 2014 y 2022. Según el reporte oficial de la FGR, el grueso de los delitos juzgados incluye:
- 43 casos de homicidio agravado.
- 42 casos de desaparición de personas.
- 86 casos de extorsión.
- 3 casos de feminicidio.
- Delitos adicionales por tráfico ilícito y conspiración.
Contexto legal
Estas sentencias se producen en un momento en que El Salvador continúa bajo el régimen de excepción, medida que ha permitido la captura de más de 90,000 presuntos pandilleros. Aunque la Fiscalía no precisó si todos los procesados en esta audiencia fueron capturados bajo dicho régimen, subrayó que el objetivo es garantizar que ningún crimen cometido por las estructuras terroristas quede en la impunidad.
Organizaciones de derechos humanos han seguido de cerca estos juicios masivos, mientras que el Gobierno salvadoreño reafirma su postura de «tolerancia cero» ante el crimen organizado, destacando la reducción histórica de los índices de homicidios en el país durante el cierre de este 2025.