Julie Kozack, directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), informó a periodistas en una conferencia en Washington DC, Estados Unidos, que las autoridades salvadoreñas están conscientes de los compromisos que asumieron en el programa de financiamiento por $1,400 millones sobre limitar las compras de bitcoin con fondos públicos.
“El gobierno se comprometió a no acumular bitcoins a nivel del sector público en general”, aclaró.
“Respecto del reciente aumento de las tenencias de bitcoin por parte del Fondo de Reserva Estratégica de Bitcoin, las autoridades han confirmado que estas son consistentes con las condicionalidades acordadas en el programa, y seguimos en contacto con las autoridades sobre este importante tema”, añadió Kozack.
El programa de Servicio Ampliado del Fondo aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI contempla el compromiso del gobierno de Nayib Bukele de limitar al mínimo su intervención en las actividades económicas vinculadas al bitcoin.
El paquete de compromisos asumidos por El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva (BCR), incluye que se limitarán las compras de bitcoin, pero el presidente Nayib Bukele desafió al FMI al afirmar el martes pasado que las adquisiciones no se detendrían.
La Oficina del Bitcoin, una dependencia de Casa Presidencial y bajo las órdenes directas del mandatario, ha continuado la compra diaria de bitcoin.
El acuerdo establece de manera estricta que el “programa limitarán la participación del gobierno en las actividades económicas relacionadas con bitcoin, así como en las transacciones gubernamentales y compras de bitcoin”. Además, estipula que no se crearán nuevas entidades públicas que participen en operaciones de bitcoin, excepto si es necesario para administrar los activos existentes y de acuerdo con el personal del FMI.
La portavoz del FMI insistió que el programa tiene como “objetivo abordar los riesgos asociados con el proyecto bitcoin para proteger a los consumidores e inversores, así como limitar los posibles costos fiscales”.
El gobierno salvadoreño se ha comprometido a publicar los estados financieros de la billetera estatal Chivo, así como eliminar su participación en el monedero y liquidar al fideicomiso de convertibilidad.
De igual manera, el programa con el FMI contempla medidas para garantizar la “sostenibilidad fiscal, reconstruir los amortiguadores externos y financieros, fortalecer la gobernanza y la transparencia y, en última instancia, crear las condiciones para un crecimiento más sólido y resiliente”, indicó Kozack.
El plan de consolidación incluye un ajuste fiscal de 3.5 % del producto interno bruto (PIB) en los próximos tres años. Este año inició un tramo de 1.5 %, reflejado por el lado de gastos sobre todo con los recortes de la masa salarial.
La aprobación del programa incluye un desembolso inmediato de $113 millones, pero el resto del financiamiento se entregará a partir del desempeño del programa. Inicialmente se realizarán dos revisiones trimestrales para la implementación temprana del acuerdo, las cuales garantizarán la credibilidad y los efectos catalizadores.
Después se realizarán evaluaciones semestrales para realizar las “ambiciosas reformas estructurales apoyadas con el programa”.