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El Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque, La Libertad, desarrollará la audiencia preliminar contra Herberth Osmín Mérida Elías, acusado de simular una deuda por más de $4.3 millones en perjuicio del Estado. De acuerdo a un requerimiento fiscal, Mérida Elías habría tenido como cómplice a Edgar Mauricio Perdomo Góchez, quien se desempeñaba como Gobernador Departamental de Ahuachapán, aún siendo representante legal de SEGAPRO.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), Edgar Mauricio Perdomo, representante legal de la empresa Servicio de Gas Propano y ex Gobernador Departamental de Ahuachapán, y Herberth Osmin Mérida Elías, podrían haber cometido delito.
Según las investigaciones de la FGR, Herberth Osmín Mérida Elías, emitió una serie de pagarés que sumaban más de $4.3 millones a favor de la empresa Servicio de Gas Propano (SEGAPRO S.A. de C.V.), durante la gestión presidencial de Mauricio Funes (2009-2014).
Osmin Mérida fue capturado por la Interpol en Guatemala el 23 de abril de 2017 a donde se había refugiado luego de ser denunciado ya que según los estatutos y otros documentos de la empresa para la que laboraba, «este no estaba facultado para emitir pagarés a favor de terceros», por lo que se le está procesando por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la empresa UNIGAS.
Según el juicio, la Fiscalía asevera que hubo un probable acuerdo entre el imputado Mérida Elías y el ex gobernador de Ahuachapán para blanquear los más de $4.3 millones que no fueron a parar a las cuentas bancarias de la empresa SEGAPRO.
Los propietarios de UNIGAS denunciaron que nunca se enteraron “de la existencia de obligaciones por los montos establecidos en la demanda ejecutiva mercantil y tampoco de la firma de dichos pagarés, mucho menos dio la autorización para tales suscripciones”, esto de acuerdo con acusación formal presentada en la sede judicial por el Ministerio Público.
En la acusación contra Mérida Elías consta que en el análisis realizado a las cuentas por cobrar de la empresa SEGAPRO, correspondientes entre los años 2012 a 2016 y que se encuentran en poder del Registro de Comercio del Centro Nacional de Registro (CNR) “no se encontraron saldos por cobrar, ni mucho menos a cargo de la sociedad UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. de C.V., excepto del año 2016”.
Así mismo, el análisis concluye que “no existe una cuenta por cobrar por el valor de $4,302,231.84 reclamados judicialmente y que se supone fueron garantizados con 6 pagarés, excepto por el año 2016”, y se agrega que en el citado año “en el balance general existe un saldo por cobrar por un valor de $4,302,231.84 registrado en la cuenta de activo deudores varios y se registran en el lado pasivo en dos cuentas, Ingresos Pendientes de Recibir y cuentas Documentos por pagar”, según se especifica en la acusación fiscal.
De acuerdo a la FGR entre 2013 y 2015, período fecha de emisión y vencimiento de los documentos adquiriendo compromisos económicos emitidos por Mérida Elías como gerente de UNIGAS, no se reportan los seis pagarés que suman los más de $4.3 millones.
“Entre los años 2013 al 2015, los montos de los activos (de SEGAPRO) no exceden los $810,000, siendo incongruente con la deuda de $4,302,231.84 que SEGAPRO S.A. DE C.V., reclama a UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., excepto por el año 2016 donde dicha suma está reflejada en el balance general”, se subraya en la pericia financiera realizada por la FGR, lo que correspondería con un caso típico de lavado de dinero según lo interpretado por la representación fiscal.
Otro de los hallazgos realizados por la FGR fue que al revisar los documentos contables de SEGAPRO entre los años 2012 y 2016 los saldos de sus ventas no alcanzan los $4.3 millones que le reclamaba a UNIGAS, “el valor más representativo en este rubro fue en el ejercicio contable del año 2012 por un valor de $1,363,173.26”.
De acuerdo a los análisis financieros practicados a las cuentas de SEGAPRO y UNIGAS, la FGR considera que podría existir un acuerdo entre el ex representante legal de la primera empresa y ex Gobernador Departamental de Ahuachapán, Edgar Mauricio Perdomo Góchez, con el imputado Mérida Elías por administración fraudulenta para lavar los $.3 millones.
Edgar Mauricio Perdomo Góchez tuvo que renunciar a su cargo como Gobernador Departamental después que la Policía Nacional Civil (PNC) —atendiendo una denuncia del Ministerio de Economía— decomisara 894 cilindros de gas licuado de petróleo subsidiado en una propiedad de su padre, Ángel Edgardo Perdomo.
De acuerdo a los peritos, el imputado Herberth Osmín Mérida Elías es una pieza clave para aclarar un caso de posible lavado de dinero, en el que también existe la posibilidad de enjuiciar y condenar a un ex funcionario del gabinete del ex presidente Funes, que en la actualidad se encuentra asilado en Nicaragua alegando persecución política en su contra.