La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizó este miércoles una audiencia de seguimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, para conocer si, como lo ordenaron, se está dando cumplimiento al mandato de hacer justicia en todos los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado de los años 80’s en El Salvador.
La ley fue declarada inconstitucional el 13 de julio de 2016 y con esto se quitó el candado para que todos los crímenes de guerra señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil en El Salvador, se judicialicen.
“No gozan de amnistía y están sujetos a investigación, juzgamiento y sanción, todos los hechos sucedidos desde el 1-VI-1989 al 16-I-1992, cometidos por funcionarios públicos, civiles o militares”, resolvió la sala entonces.
A la Audiencia Especial de Seguimiento fueron convocados los sectores jurisdiccionales que que tienen competencia en los casos pero muchos de estos se abstuvieron de asistir y mandaron representante no así el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez se hizo presente.
El magistrado Florentín Meléndez recriminó a los presentes la poca o ninguna atención que se le ha dado al cumplimiento de la sentencia a pesar de que solo falta un mes para que se cumplan dos años de haberla emitido.
El Fiscal Meléndez dijo que se están investigando más de 160 casos a través de una unidad especializada y otras oficinas fiscales pero aclaró que si no ha hecho más es debido a la falta de recursos. Meléndez alegó que solo cuentan con cuatro investigadores proporcionados por la Policía Nacional Civil (PNC) y son insuficientes para cubrir todos los casos.
Entre los crímenes que han sido abiertos o reabiertos se encuentra el asesinato del beato Oscar Arnulfo Romero, en 1980; la masacre de los sacerdotes jesuitas y colaboradoras, en 1989; la masacre de El Mozote, en 1981; la masacre de Las Hojas, en 1983; el asesinato del presidente del Instituto Salvadoreño de Trasformación Agraria (ISTA), Rodolfo Viera, y dos ciudadanos norteamericanos que asesoraban sobre una reforma migratoria, en 1981; el asesinato del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco José Guerrero, en 1989; entre otros.
El fiscal ha optado por abrir todos los casos contra la izquierda y obvia los que son contra la institucionalidad del país.
No se mencionó la masacre de la Zona Rosa en la que fueron acribillados a tiros varios militares norteamericanos y al menos ocho ciudadanos más entre guatemaltecos, salvadoreños y chilenos que departían en un restaurante al aire libre de la zona, el 19 de junio del 85, a manos del PRTC, cuya principal comandante era la actual diputada Nidia Díaz; ni el asesinato del exfiscal Roberto García Alvarado o el del Doctor Antonio Rodríguez Porth.