La Fiscalía General de la República (FGR) presento ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador, una solicitud de expropiación por extinción de dominio contra tres empresas y más de 143 inmuebles supuestamente del expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard, por sospechas no fundadas de delitos de lavado de dinero.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio afirmaron que con la solicitud de extinción de medidas inicia formalmente el proceso penal para que los bienes e inmuebles pasen a ser del Estado, sin haber sido vencido en juicio el llamado Presidente de la Paz, que logró sacar a El Salvador de más de 12 años de guerra civil.
Cristiani no ha sido vencido en juicio alguno ni la FGR ha presentado pruebas «robustas» o acusación formal de lo que lo acusa.
El fiscal del caso aseguró que «existen indiciariamente (inicialmente)» sospechas que fondos del Estado fueron a parar al grupo corporativo del expresidente. «Grandes sumas de dinero que pertenecían al Estados y que sirvieron para ocultar y legitimar el lavado de dinero», dijo la Fiscalía en la red social X, sin haber podido presentar ni una prueba ante algún juzgado de sus acusaciones.
Con la solicitud de imposición de medidas, que fue presentada por la Fiscalía en la fecha límite según la ley, es decir, 180 días hábiles después de la imposición de la medida cautelar de la incautación, el juez deberá de considerar la competencia y decidir si admite la solicitud, y posteriormente notificar al expresidente Cristiani.
Muchos de los bienes e inmuebles, que desde hace años ya no pertenecían al expresidente Cristiani, fueron incautados desde el pasado 1 de junio del 2023, luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciara una «Guerra contra la corrupción» y ordenara al fiscal Delgado «perseguir» al ex presidente Cristiani.
Según los fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, Cristiani se apropió de 37 millones de colones, los cuales eran destinados para gastos de administración o gastos superiores de la presidencia, supuestamente, logrando enriquecerse él y su grupo familiar y empresas. De todas las acusaciones, los fiscales han sido incapaces de presentar una tan sola prueba.
El fiscal General, Rodolfo Delgado, en conferencia de prensa, informó que todos los bienes están valuados en más de $68 millones. Explicó que solo en la droguería Santa Lucía, que dejó de ser propiedad de Cristiani hace casi 9 años, cuantificaron activos que ascienden a $38 millones; la sociedad Cristiani Burkard, S.A. de C.V. asciende a $11 millones y la sociedad Montebro S.A. de C.V. representa la cantidad de $9 millones. En ese momento, Delgado detalló que congelaron cuentas bancarias con $1.8 millones en ellas. En todas las propiedades intervenidas, Cristiani es solo un socio, por lo que terceras personas están siendo afectadas sin que la Fiscalía procure sus derechos, como lo ordena la Constitución de la república.
Los fiscales se han limitado a indicar que buscaban recabar los indicios pertinentes para “eventualmente” establecer el delito de lavado de dinero y activos. Hasta el momento la Fiscalía no ha presentado una acusación por ese delito en ningún juzgado, pero busca despojar al acusado.