La Fiscalía General de la República (FGR) archivó 142 casos de muertes al interior de diferentes cárceles de El Salvador por “no constituir delito” por parte de los agentes de Seguridad del Estado, explicó el martes el jefe del Ministerio Público, Rodolfo Delgado.
“Hasta este momento, nosotros como fiscales hemos archivado 142 casos de la cantidad de personas que fallecieron, que fueron detenidas durante el régimen de excepción y que han fallecido en el interior de centros penales”, manifestó Delgado en una entrevista en el canal 21.
El fiscal general aseguró que los “142 casos no constituyen delito, de acuerdo con nuestras investigaciones” y apuntó que los “fiscales investigaron técnicamente cada uno de los hechos”.
Sostuvo que han “comprobado científicamente, con el auxilio del Instituto de Medicina Legal, las causas de las muertes”.
Delgado ignoró en sus declaraciones que a pesar que “algunas de ellas (de las causas) se trataban de enfermedades preexistentes«, al momento de las muertes, las personas no habían sido juzgadas y estaban al cuidado del Estado, el que era responsable de su bienestar.
Otras muertes fueron por algún tipo de enfermedad en la que supuestamente «se prestó el debido auxilio en el momento oportuno, por las autoridades penitenciarias, y posteriormente desgraciadamente existió el fallecimiento de esa persona por causas naturales”, a pesar que los familiares de los muertos se han quejado que a los presos no se les da cuidado alguno en sus problemas de salud.
“En esos casos, hasta el momento, ya tenemos comprobado que no hay un delito que perseguir por parte de la Fiscalía General de la República y por tanto los casos se encuentran archivados”, reiteró.
Sobre el dato de al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes y sin enfermedades preexistentes, que han fallecido bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la polémica medida de régimen de excepción, revelado por la organización humanitaria Cristosal en un informe, el jefe del Ministerio Público salvadoreño dijo que “no es correcto”.
“Los datos de esa ONG no son los correctos. Estos datos de la ONG no han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en ese caso Medicina Legal”, señaló.
Y agregó: “Hacen alusión a algún tipo de médico que proporcionó esos datos, han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica de ordenar esos datos e incluso han tomado en cuenta, para tratar de magnificar alguno de esos números, estadísticas de fallecimientos que se dieron dentro del sistema penitenciario antes de la entrada en vigencia del régimen (de excepción)”.
El informe de Cristosal indica que se identificaron patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes. Se reconocieron cadáveres con laceraciones, hematomas que evidencias golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento y otros signos de tortura, señala.
Delgado adelantó que autoridades de Seguridad estarían solicitando al Congreso, dominado por el oficialismo, la prórroga número 15 del régimen de excepción.
Organizaciones humanitarias registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto de dicho régimen.