El expresidente, Elías Antonio Saca; su exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank; al exsecretario de la Juventud y extitular de Anda, César Funes; y tres exempleados de la Casa Presidencial fueron enviados a juicio por por el presunto desvío de $246 millones del Estado.
El juez Cuarto de Instrucción de San Salvador, Rigoberto Chicas, sentenció que todos los implicados en el caso serán enviados a vista publica.
Durante todo el proceso la prensa no tuvo acceso a la sala donde se ventilaba el caso Saca. Julio Rank dijo a periodistas que ellos no solicitaron la restricción. De acuerdo a la Fiscalía General de la república (FGR) los exservidores públicos se habrían apropiado ilícitamente de $246 Millones.
Según Tania Pastor, abogada de los ex empleados de la CAPRES, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera Castellanos, el juez ratificó todo lo solicitado por la FGR, «Fue una resolución complaciente para la Fiscalia», dijo.
“Lamentamos la decisión de no dictar libertad condicional. Había suficiente prueba como para que por lo menos se dieran medidas sustitutivas a la detención provisional para los empleados de Capres”, dijo la otra defensora, Cindy Rivera.
La lectura de la resolución en el caso Saca se dio con una hora y media de retraso porque, pese a que la lectura de resolución estaba prevista para las 9:00am la FGR se presentó a la sala de audiencia más de una hora tarde y surgieron problemas con una de las impresoras del juzgado.
El juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador instaló el pasado 16 de abril la audiencia preliminar contra Saca y el resto de acusados leyendo la sentencia un mes después.
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, señaló que esperaba que el proceso pasara a juicio y se hiciera “justicia», por lo que fue complacido.
La Fiscalía presentó unos 600 folios, siendo la prueba contundente el peritaje financiero. Según el fiscal del caso, Saca podría estar ir a prisión por un máximo de 25 años, de ser encontrado culpable.