Agentes de la Policía mantienen «cárceles clandestinas» en El Salvador, en las que jóvenes detenidos arbitrariamene en el marco de una ofensiva gubernamental contra las pandillas permanecen incomunicados durante meses, dijo en una entrevista con la agencia noticiosa española (EFE) Arnaú Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).
«Lamentablemente puedo afirmar, por algunos casos que estamos acompañando, que existen cárceles clandestinas en El Salvador», denunció Baulenas.
Detalló que la Policía Nacional Civil (PNC) detiene a jóvenes sin ordenes de captura y que las familias viven durante varios meses con la «angustia» de desconocer su paradero, hasta que se les permite comunicarse o inicia un proceso judicial en su contra.
Señaló, sin entrar en detalles por «confidencialidad» de las víctimas, que el IDHUCA acompaña un caso en el que unos jóvenes fueron detenidos por las autoridades y «no están registrados en ninguna bartolina (calabozo de la Policía) ni centro penal».
El abogado añadió que se da seguimiento a otro caso en el que las personas pasaron cuatro meses incomunicadas, sin que figurara su detención en ningún registro oficial, y al ser encontrados dijeron que «siempre habían estado en manos de la Policía, en una casa que propiamente le podemos llamar cárcel clandestina» y en la que había un «conjunto amplio de personas».
«Esta es una realidad que está existiendo hace relativamente poco» y «nos consta que muchas de las autoridades no saben dónde están ubicadas estas cárceles», acotó Baulenas.
El letrado también señaló que las fuerzas de seguridad, comandadas por el presidente y otrora guerrillero, Salvador Sánchez Cerén, incurren en la tortura de personas arrestadas en operativos de la Policía.
«Es otra práctica que está ocurriendo cuando llegan a hacer estas redadas masivas; muchas veces se tortura a jóvenes en la casa y hemos podido ver que es una práctica relativamente habitual en las delegaciones», apuntó.
Señaló que han recibido el testimonio de personas arrestadas sin orden de captura y que fueron torturadas en una delegación «intentándoles sacar algún tipo de información para incriminar a algunos pandilleros de la zona» donde habitan.
«Parece ser que se están repitiendo ciertos patrones de conducta que se estaban dando en la guerra civil (1980-1992)», apuntó Baulenas, quien añadió que se da una «criminalización» de la juventud que habita en comunidades pobres y con presencia de pandillas.
También criticó las declaraciones dadas por altos funcionarios de Seguridad en las que vinculaban a las organizaciones sociales con las pandillas, tras la realización de una audiencia el pasado día 5 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre ejecuciones extrajudiciales.
«Son afirmaciones temerarias y que intentan criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos».
Subrayó que el IDHUCA ha documentado 10 casos de ejecuciones por parte de los miembros de seguridad y que estos comparten determinados patrones.
Acotó que las cifras oficiales de enfrentamientos armados presentadas ante la CIDH causaron la sorpresa del comisionado James Cavallaro, quien señaló durante la audiencia que los datos «acreditaban que había un patrón de ejecución extrajudicial».
Según el director de la PNC, Howard Cotto, el número de pandilleros muertos en tiroteos se disparó un 109,12 % en 2016, cuando sumaron 596 frente a los 285 de 2015. A finales de junio pasado, la cifra pandilleros abatidos por agentes superaba los 200.
Baulenas condenó «cualquier tipo de violencia», tanto la que ejercen las pandillas «como la que ejerce la Policía», porque «es inadmisible que un Estado» cometa «los mismos delitos que las estructuras criminales».
Expuso que «si se continúa en esta lógica, como IDHUCA hay que valorar presentar una acción judicial ante la Corte Penal Internacional, porque tenemos que recordar que los crímenes de lesa humanidad se pueden cometer tanto en contexto de guerra como de paz».