El Tribunal Cuarto de Sentencia condenó el martes al exdiputado Roberto Carlos Silva a 22 años en prisión por los delitos de lavado de dinero y soborno a funcionarios o empleados públicos.
Además, deberá devolver 17,7 millones de dólares al Estado. Los tres jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia valoraron las pruebas que presentó el Ministerio Público y le impusieron la pena máxima que establece el Código Penal: 10 años por el delito de cohecho activo, o sobornar a funcionarios o empelados públicos y 12 años por lavado de dinero.
Silva habría cometido los ilícitos mientras ejerció como diputado suplente por el Partido de Conciliación Nacional (PCN) entre 2006 y 2009. Cuando se le intentó procesar en 2007 huyó a Estados Unidos, donde mantuvo una prolongada lucha legal con el fin de obtener asilo político.
Fue deportado en 2020. El Ministerio Público presentó pruebas periciales contables y declaraciones de testigos, que confirmaron que Silva sobornó a por lo menos 15 alcaldes de municipios del oriente del país para que le adjudicaran proyectos municipales como la reparación de caminos, instalación de acueductos, construcción de mercados y otras obras.
Según se confirmó, algunas de las obras ni siquiera se iniciaron y otras quedaron inconclusas o se completaron con material defectuoso. Las obras se pagaban con anticipación y sin que hubiera una licitación pública de por medio, como lo estipula la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas.
En el proceso, también se comprobó que el exdiputado lavó dinero mediante la compra y venta de vehículos, y la creación de sociedades a su nombre y con la participación de prestanombres.
Además, no declaró todos sus ingresos al Ministerio de Hacienda.
El Ministerio Público inició el proceso penal contra Silva en 2007. Cuando la Cámara Primero de lo Penal se disponía a dar resolución a la audiencia, Silva se dio a la fuga e ingresó de forma ilegal a Estados Unidos.
Silva fue detenido por las autoridades, pero su proceso de deportación se retrasó una vez que presentó una solicitud de asilo alegando que su vida corría peligro en El Salvador. Pero, en cumplimiento de una orden de la INTERPOL, las autoridades estadounidenses lo deportaron el enero de 2020, fue capturado a su llegada al aeropuerto, y enviado a una cárcel de máxima seguridad.