El ex embajador español en Venezuela con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cobró al menos 3,8 millones de euros en comisiones de la petrolera estatal venezolana a través de Suiza y Panamá mediante asesorías ficticias. PDVSA (Petróleos de Venezuela) articuló la mayor parte de las operaciones a través de una sociedad pantalla panameña con cuenta en el país helvético y controlada por su hijo, Alejo Morodo, a través de testaferros.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzó una operación por orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción que incluye varios registros y desembocó en la detención de Alejo Morodo y otras tres personas. La investigación, que está secreta, está liderada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y abarca a Raúl Morodo y su hijo Alejo por supuestamente blanquear fondos venezolanos facturando por servicios de asesoría legal. El magistrado acordó la operación a partir de una querella presentada por el Ministerio Fiscal hace unas semanas.
Según acreditan los documentos a los que tuvieron acceso periodistas, los abonos realizados por el Gobierno de Hugo Chávez al hijo del diplomático socialista Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvieron lugar de manera prácticamente inmediata a que su padre abandonara el cargo, en agosto de 2008. Desde ese momento y hasta 2013 se sucedieron decenas de transferencias realizadas por supuestas labores de «asesoría jurídica». Concretamente los Morodo simularon trabajos para implantar la empresa venezolana en Europa, concretamente en España y Portugal, pero no prestaron servicio alguno.
Los pagos más importantes librados por el Gobierno venezolano fueron articulados a través de Alejo Morodo mediante la sociedad instrumental panameña denominada Furnival Barristers Corporation, con domicilio en Plaza 2000 Building, 50 TH ST. Esta empresa disponía de cuenta en el Credit Suisse de Ginebra con la siguiente numeración: CH 67048351435769620100. También libró facturas a la petrolera venezolana mediante su bufete madrileño, Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L.
Estas operaciones llevan siendo investigadas por la Policía Nacional desde 2015, cuando la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo que dirigía Eugenio Pino recibió una primera remesa de documentación a través de una serie de confidentes venezolanos. La UDEF ha examinado las operaciones y ha concluido que se trata de una burda operación de blanqueo de capitales que ha desembocado en la orden de registro de las oficinas de los Morodo por parte de la Audiencia Nacional.
La petrolera estatal autorizó las comisiones a Morodo a través del ex presidente de la entidad, Rafael Ramírez, investigado por corrupción durante los últimos años por las autoridades de Estados Unidos. La Fiscalía americana le atribuye el cobro de sobornos y la utilización de sociedades corporativas de la empresa para blanquear dinero procedente del narcotráfico. La familia Morodo sostiene que realizó trabajos de asesoría empresarial que, sin embargo, no ha podido concretar. Se limita a asegurar que ayudaron a que PDVSA aterrizara en el continente europeo, pero no pueden justificar haber realizado servicios por un importe tan elevado.