Un 64,6% de la población salvadoreña rechaza los arrestos sin orden judicial, la herramienta clave en la que se basa la «guerra» contra las pandillas lanzada por el presidente Nayib Bukele, según una encuesta divulgada el lunes por la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y su instituto de opinión pública.
Sin embargo, a pesar del mayoritario rechazo a este tipo de arrestos, autorizados por un régimen de excepción vigente desde hace más de dos años, la gestión de Bukele obtuvo una calificación de 8,68, en una escala de uno a diez, en el sondeo. Asimismo, el 87,5% de las personas consultadas declaró sentirse «seguro» bajo el régimen de excepción, frente al 5,2% que declaró que se siente «inseguro» con la medida.
«En el segundo año de vigencia del régimen de excepción, alrededor de 92% de los salvadoreños están en desacuerdo con al menos una de las suspensiones de derechos o garantías que siguen aún vigentes», dijo la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), Laura Andrade, al presentar el estudio. «Luego de dos años de vigencia, la evaluación ciudadana sobre el régimen de excepción continúa siendo, en general, positiva», indicó.
“Hay una opinión favorable que ha crecido con el paso del tiempo. La nota que, en promedio, la gente le da al régimen de excepción en una escala de 0 a 10 es de 8,13”, dijo en la conferencia de prensa el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano.
El sondeo reveló que sólo el 32,7% de la población salvadoreña apoya las capturas sin orden judicial. Además, el 63,3% está de desacuerdo con que siga suspendido el derecho constitucional a la defensa tras una detención, frente al 31,4% que está de acuerdo.
La universidad, dirigida por jesuitas, es una de las instituciones educativas más prestigiosas del país que mantiene una actitud critica ante el gobierno del presidente Bukele y periódicamente publica investigaciones independientes sobre la situación económica, política y los derechos humanos en El Salvador.
El estudio presentado el lunes es la segunda encuesta de la UCA acerca del régimen de excepción, que entró en vigor en marzo de 2022 como medida de mano dura.
Las autoridades registran casi 80.000 detenciones de personas acusadas de pertenecer a, o colaborar con, las denominadas ‘maras’ y clama por la captura de unos 25 mil más que reencuentran en libertad aún.
La Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo de Bukele, ha autorizado la ampliación del régimen en 25 ocasiones sin debate o estudio previo. En tanto, organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. También, señalan que las muertes de detenidos bajo custodia estatal superan las 200.