El gobierno de El Salvador continúa su estrategia de acumular Bitcoin en sus reservas nacionales, a pesar de las condiciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de un programa de préstamo ampliado aprobado en 2024 que buscaba mitigar los riesgos macroeconómicos asociados con la amplia adopción de la criptomoneda.
Desde que El Salvador firmó el acuerdo de financiación por 1.400 millones de dólares con el FMI, ese organismo exigió limitar la participación estatal en actividades relacionadas con Bitcoin y hacer voluntaria la aceptación de la criptomoneda por parte del sector privado, además de restringir nuevas compras públicas de Bitcoin para reducir la exposición fiscal y financiera del país.
A pesar de estas condiciones, la Oficina Nacional de Bitcoin ha seguido adquiriendo activos digitales, manteniendo la política de compras, que según datos oficiales eleva las reservas del país a cifras que rondan las 7.525 monedas Bitcoin, con un valor aproximado de entre 680 y 700 millones de dólares al actual precio de mercado.
El presidente Nayib Bukele ha defendido la continuidad de esta política como parte de la visión del país para construir una “reserva estratégica” en criptomonedas y como un mecanismo para diversificar activos y promover la independencia financiera. A través de redes sociales y comunicados oficiales, el mandatario ha reafirmado su compromiso de seguir acumulando Bitcoin “a diario”, pese a la advertencia del FMI de mitigar los riesgos de su uso público.
El persistente enfoque salvadoreño ha generado un debate entre analistas y autoridades del fondo. Por un lado, el propio FMI ha señalado avances en las conversaciones y negociaciones sobre la política de Bitcoin y el futuro de la billetera digital estatal Chivo, con énfasis en fortalecer la transparencia y limitar las compras públicas de Bitcoin como parte de las reformas acordadas.
Por otro lado, expertos críticos advierten que la continuación de estas compras podría debilitar la percepción de compromiso de El Salvador con los requerimientos del programa de apoyo financiero y exponer al país a riesgos fiscales si el mercado de criptomonedas sufre volatilidad extrema. Asimismo, señalan que la acumulación de Bitcoin no necesariamente se traduce en beneficios directos para la mayoría de la población, dado que el uso de la criptomoneda en la economía diaria sigue siendo limitado.
En este contexto, el debate sobre la estrategia Bitcoin de El Salvador —que lo convirtió en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como moneda de curso legal en 2021— continúa siendo un punto focal en las relaciones con instituciones financieras internacionales, y plantea interrogantes sobre cómo equilibrar innovación financiera con disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica.
Balance al 10 de enero de 2026:
• El Salvador mantiene la acumulación de Bitcoin en sus reservas pese a las recomendaciones del FMI.
• El acuerdo con el FMI todavía contiene condiciones para reducir riesgos relacionados con el uso estatal de criptomonedas.
• La postura oficial del gobierno es seguir con la política Bitcoin como símbolo de soberanía y diversificación financiera, mientras el debate local e internacional continúa.
Opiniones de economistas y análisis del impacto fiscal y social
A medida que El Salvador ha mantenido su apuesta por el Bitcoin, incluso bajo la supervisión y condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), varios economistas han ofrecido perspectivas críticas y matizadas sobre el costo real para la economía y los hogares salvadoreños.
1. Riesgo fiscal y transparencia
Expertos señalan que, aunque el país logró asegurar un acuerdo de 1.400 millones de dólares con el FMI, ese apoyo se obtuvo con condiciones claras: limitar la participación estatal en Bitcoin, hacer que su aceptación sea voluntaria y reducir la exposición pública a la criptomoneda como reserva formal.
El expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, ha advertido que las compras continuas de Bitcoin pueden implicar una forma de “subterfugio” para evadir las restricciones del acuerdo con el FMI. Acevedo ha enfatizado la necesidad de mayor transparencia sobre dónde se alojan esos activos y cómo se contabilizan, ya que esa opacidad puede “poner en riesgo los recursos públicos si no se clarifica su impacto real”.
2. Costos y efectos sociales
Analistas económicos han señalado que la apuesta por activos volátiles como Bitcoin, en lugar de fortalecer reservas tradicionales o invertir directamente en servicios públicos, traslada un riesgo considerable a las finanzas del país. Algunas proyecciones muestran que, en caso de una caída abrupta del precio de Bitcoin, la pérdida en reservas podría afectar la capacidad del Estado para financiar salud, educación o infraestructura esenciales, con impacto directo en los hogares más vulnerables.
Aunque parte de la narrativa oficial resalta beneficios de diversificación, académicos subrayan que la adopción real de Bitcoin como medio de pago entre la población ha sido limitada, lo que limita el impacto directo de esta estrategia en la economía cotidiana de los salvadoreños.
3. El papel de las reformas internas
La presión del FMI condujo a una reforma de la Ley Bitcoin, eliminando su estatus de moneda de curso legal y haciendo su uso voluntario. Economistas como Rafael Lemus han resaltado que estos cambios ayudan a mitigar riesgos fiscales —por ejemplo, impidiendo que el Estado reciba impuestos en Bitcoin y evitando que una caída en su precio afecte la recaudación— pero no resuelven necesariamente el problema de fondo: la elevada deuda pública y la vulnerabilidad económica de ciertos sectores domésticos frente a shocks externos.
4. Balance entre innovación y estabilidad
Algunos economistas reconocen que, en teoría, las reservas en Bitcoin podrían ofrecer una herramienta de diversificación si se gestionan con prudencia y no se convierten en un pasivo para el Estado. Sin embargo, la práctica ha demostrado que la volatilidad inherente a las criptomonedas, aun cuando se obtengan ganancias nominales en ciertos momentos, genera incertidumbre en la planificación fiscal y presupuestaria.
Según informes del FMI, mantener el nivel de reservas de Bitcoin sin aumentar la exposición pública sigue siendo un objetivo clave para continuar con el programa de apoyo financiero y mantener condiciones macroeconómicas saludables.
La estrategia de Bitcoin de El Salvador ha generado un intenso debate económico y social: por un lado, es vista por sus promotores como una apuesta audaz por innovación financiera y soberanía de activos; por otro, es considerada por muchos economistas como una fuente de riesgo fiscal que podría comprometer recursos públicos en momentos de necesidad social.
En última instancia, el equilibrio entre crecimiento económico, cumplimiento de compromisos con instituciones internacionales y bienestar de los hogares salvadoreños dependerá no solo del valor del Bitcoin, sino de la disciplina fiscal, la transparencia en la gestión de reservas y la capacidad del Estado para traducir políticas de largo plazo en mejoras tangibles para la población.