Calcular el costo exacto de mantener a 88,000 presos por tres años sin ser juzgados en El Salvador es complejo debido a la falta de datos oficiales transparentes y actualizados. Sin embargo, basándose en estimaciones, se puede obtener una cifra aproximada para entender la magnitud del gasto.
Según análisis y reportes de fuentes como El https://www.google.com/search?q=Salvador.com y El Diario de Hoy, el costo diario de un preso en El Salvador se ha estimado en alrededor de $5.00 a $5.94 por persona. Este monto cubre alimentación, servicios básicos y seguridad.
Un factor adicional y polémico es que las familias de los detenidos también asumen una parte significativa de los gastos. Según informes de organizaciones como Cristosal, a los familiares se les ha cobrado hasta $170 mensuales para proveer a sus parientes con comida, ropa y artículos de higiene.
Para este cálculo, nos basaremos en la cifra conservadora de $5.00 por día por persona, que sería el costo directo asumido por el Estado.
Para estimar el costo total de mantener a 88,000 presos durante tres años, el cálculo se desglosaría de la siguiente manera:
- Costo diario total: $5.00 (por preso) x 88,000 (presos) = $440,000
- Costo anual total: $440,000 (diario) x 365 (días) = $160,600,000
- Costo por tres años: $160,600,000 (anual) x 3 (años) = $481,800,000
Esta cifra, casi medio billón de dólares, representa el costo directo para el Estado de El Salvador en un periodo de tres años, sin incluir los costos de construcción de nuevas cárceles (como el CECOT, que tuvo un costo de más de $100 millones), el aumento del personal de seguridad o los gastos indirectos asociados a la sobrecarga del sistema judicial y de salud.
Este gasto significativo tiene varias implicaciones para la economía salvadoreña. El presupuesto del sistema penitenciario se ha disparado, lo que genera presiones sobre las finanzas públicas. Por ejemplo, el presupuesto del sistema penitenciario en 2023 fue de $137 millones, un aumento considerable respecto a años anteriores. Mantener a 88,000 personas detenidas sin un proceso judicial expedito no solo representa una carga económica, sino también un problema de derechos humanos y un desafío logístico para el gobierno.
El costo de mantener a esta población reclusa también podría ser una de las razones por las que el gobierno ha buscado acuerdos de cooperación con otros países, como se ha reportado en algunas fuentes que hablan de que Estados Unidos podría pagar por el uso de prisiones en El Salvador, tal como lo ha hecho con el CECOT.
La Asamblea Legislativa, con 57 diputados oficialistas y tres opositores, aprobó una reforma a la Ley de Crimen Organizado, 10 días antes de que venciera un plazo de dos años para mantener presos a más de 88,000 personas acusadas de ser pandilleros o cómplices que han sido detenidos desde 2022.
La Fiscalía General «presentará acusación contra la estructura y sus miembros (….) dentro de un plazo máximo de 24 meses», señaló una de las normas, que también incluye la posibilidad de una prórroga de 12 meses.
Con información de adn