El Gobierno de El Salvador destinará $52.9 millones en 2026 a la línea de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria, un programa que busca reducir la dependencia de importaciones y fortalecer la red nacional de distribución de alimentos.
Coordinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) junto con gobiernos locales, cooperativas y organizaciones de productores, el plan contempla la creación y modernización de agromercados y centrales de abasto en todo el país.
La inversión financiará infraestructura de acopio, refrigeración, transporte y digitalización de procesos comerciales, con el objetivo de hacer más eficiente el paso de los productos “del campo a la mesa”.
“La meta no es solo garantizar alimentos, sino crear un sistema sostenible que genere valor económico y estabilidad rural”, afirmó un portavoz del MAG.
El Salvador importa más del 80% de las verduras y hortalizas que consume, principalmente desde Guatemala, Honduras y México.
Esa dependencia provoca que los precios internos estén fuertemente ligados a los costos internacionales del transporte, fertilizantes y energía. Un aumento en cualquiera de estos factores puede elevar el costo de la canasta básica local.
Con la nueva inversión, el Gobierno busca estimular la producción nacional de hortalizas y productos frescos, reduciendo la exposición a las crisis globales y mejorando el ingreso de los productores rurales.
De acuerdo con estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR), cada dólar invertido en infraestructura agroalimentaria puede multiplicar hasta 1.6 veces su impacto económico en las zonas rurales.
Los principales beneficios esperados son:
- Reducción de pérdidas postcosecha (actualmente entre 20 % y 30 %).
- Mejores márgenes de ganancia para los productores.
- Creación de empleos temporales en transporte, almacenamiento y comercio.
- Estabilidad de precios en mercados municipales y ferias locales.
Expertos advierten que el éxito del programa dependerá de la eficiencia en la ejecución y la transparencia en la gestión de fondos.
Para enfrentar estos desafíos, el MAG conformará una comisión interinstitucional junto al Ministerio de Economía y el ISTA, que supervisará la trazabilidad del gasto, los avances logísticos y el impacto social del programa.
Durante los últimos años, la inflación alimentaria y las crisis internacionales demostraron que depender del exterior en productos básicos pone en riesgo la estabilidad económica del país.
Con esta inversión, el Gobierno busca reconstruir la autosuficiencia alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta del sector agropecuario ante eventos climáticos o de mercado.
Si el plan logra ejecutarse de forma eficiente, El Salvador podría avanzar hacia una economía más resiliente y con precios internos menos volátiles, beneficiando directamente a las familias de ingresos medios y bajos.
Dependencia alimentaria de El Salvador (2025)
Fuente: MAG / BCR
- 82% de verduras y hortalizas: importadas
- 45% de frutas: importadas
- 32% de granos básicos: importados
- 28% de lácteos y cárnicos: importados
Distribución del presupuesto de $52.9 millones (propuesta 2026)
Fuente: Ministerio de Hacienda / MAG
- 40% Infraestructura y logística de abasto
- 25% Capacitación y asistencia técnica
- 20% Transporte y refrigeración
- 10% Digitalización y monitoreo
- 5% Supervisión y auditoría
Impacto esperado (2026-2028)
| Indicador | Situación 2024 | Proyección 2028 |
|---|---|---|
| Pérdidas postcosecha | 25% | 15% |
| Dependencia de importaciones | 80% | 65% |
| Empleo rural generado | — | +12,000 puestos |
| Inflación alimentaria promedio | 6.8% | 4.5% |
Una inversión con retorno social y económico
El programa de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria 2026 es más que un plan de infraestructura: representa una intervención estratégica para equilibrar el sistema económico rural, mejorar la competitividad y reducir la vulnerabilidad del país ante las crisis globales.
Si la ejecución cumple sus metas, el impacto podría sentirse en tres niveles: económico (precios y empleo), social (acceso a alimentos) y estructural (fortalecimiento de la producción nacional).
La clave estará en la capacidad institucional para ejecutar, supervisar y mantener operativa la infraestructura más allá del año fiscal. De lograrlo, El Salvador podría avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria y resiliencia económica frente a los vaivenes del mercado global.