El Congreso de El Salvador aprobó en la plenaria del jueves que los pandilleros deportados desde Estados Unidos sean puestos en un régimen de libertad condicional.
El régimen pretende atajar el «riesgo de incremento de la violencia» que supone su repatriación masiva, prometida por el presidente Donald Trump en abril pasado.
El órgano de Estado aprobó con 65 votos de los 84 diputados las medidas, que serán aplicadas a los retornados que posean «antecedentes» de vínculos con las pandillas, que se reúnan «sin causa justificada» con pandilleros, que frecuenten sitios de reunión de estos y quienes hagan «apologías» por «cualquier medio de comunicación».
Pese a que los deportados traerían un historial delictivo en los estados Unidos, los diputados consideran que no los pueden encarcelar de inmediato, debido a que en El Salvador no han cometido delito alguno y en última instancia, de apresarlos las autoridades estarían contraviniendo preceptos constitucionales.
La iniciativa faculta a la Policía para calificar «provisionalmente» a los retornados como pandilleros y aplicar «medidas preventivas inmediatas para el control y seguimiento» y obligan a estos a presentarse mensualmente ante el puesto policial más cercano a su casa, y notificar cualquier cambio de residencia y salida del país.
Posteriormente, el cuerpo de seguridad deberá informar a la Fiscalía de la aplicación de estas para que solicite a los tribunales de Paz la imposición de «medidas judiciales».
Las «Disposiciones especiales para el control y seguimiento de la población retornada salvadoreña calificada como miembros de ‘maras’, pandillas o agrupaciones ilícitas» fueron propuestas por el Gobierno a inicios de mayo pasado.
Las medidas buscan prohibirles el uso de drogas, incentivar a que se sometan a un proceso de rehabilitación en el caso de que las consuman, obligarles a terminar la educación primaria o aprender un oficio y tomar tratamientos psicológicos y psiquiátricos.
Las mismas serán determinadas por un juez en un «proceso sumario» similar a un proceso penal, en el que tendrá participación la Fiscalía y los retornados podrán nombrar a un abogado.
El mecanismo tendrá vigencia de un año o más por caso, pero las medidas se considerarán de carácter permanente.
La iniciativa es respuesta al anuncio hecho por el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 18 de abril, de aplicar una política de «tolerancia cero» contra bandas criminales como la Mara Salvatrucha (MS13).
Trump prometió en un mensaje en Twitter que «eliminará rápidamente» a los pandilleros de la MS13 en su país, lo que podría desembocar en un incremento en la deportación de pandilleros.
El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, advirtió a inicios de mayo que los pandilleros deportados desde Estados Unidos expanden el accionar de las «maras» en el país centroamericano con la fundación de nuevas células.