El Gobierno de Nayib Bukele realizó una nueva y significativa inversión en criptomonedas, adquiriendo $100 millones de dólares en Bitcoin (BTC). Esta compra, realizada en el mercado abierto, incrementa sustancialmente las reservas de la criptomoneda del país y reafirma la postura del gobierno de mantener al Bitcoin como una piedra angular de su estrategia económica, a pesar de las advertencias de organismos financieros internacionales.
La compra de los $100 millones, informada por el propio presidente Bukele, ha incrementado las reservas de BTC del país a niveles históricos. Sin embargo, esta decisión choca frontalmente con los requisitos más importantes impuestos por el FMI para el desembolso de fondos previamente acordados.
El acuerdo de $1.400 millones, destinado a fortalecer las reservas y dar estabilidad macroeconómica, exige que El Salvador se comprometa a una gestión fiscal prudente y, sobre todo, a la limitación de su exposición a la volatilidad del Bitcoin.
- Condición Crítica del FMI: El punto más estricto del acuerdo es la exigencia de mantener inalterada la cantidad total de Bitcoin en poder del sector público a partir de la fecha de la firma. El objetivo es proteger los activos estatales de las fluctuaciones del mercado.
- El Conflicto: La nueva adquisición de $100 millones representa una violación implícita o explícita de este compromiso. Al inyectar capital estatal adicional en un activo volátil, el Gobierno incumple la cláusula de «no aumentar la exposición» y reintroduce el riesgo fiscal directo que el FMI busca mitigar.
Las Advertencias Oficiales del FMI
Aunque el acuerdo por los $1,400 millones ya está cerrado y se han aprobado los primeros desembolsos (tras las revisiones de mediados de 2025), la continuidad del programa depende de que El Salvador cumpla con todas las condiciones establecidas.
El FMI ha sido claro en que ve la adopción de Bitcoin como una fuente de riesgo significativa debido a su volatilidad. La postura oficial del Fondo reitera que:
- Debe haber transparencia total en el uso de los fondos públicos destinados a Bitcoin.
- La aceptación de BTC por parte del sector privado debe ser voluntaria, sin coerciones.
- La participación del Estado en el manejo de la billetera Chivo y las transacciones debe ser reducida.
La compra de $100 millones no solo aumenta la exposición, sino que también dificulta la justificación del uso prudente de los recursos a ojos del FMI, creando una presión inmediata sobre el equipo económico del país que debe garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Si el FMI determina un incumplimiento sustancial de las condiciones por la nueva inversión, los futuros desembolsos de los $1,400 millones podrían ser paralizados.
La tensión entre la agenda criptográfica del presidente Bukele y las normas de prudencia financiera del FMI coloca a El Salvador en un delicado equilibrio. La adquisición millonaria de Bitcoin es vista por analistas como una «prueba de voluntad» del gobierno para mantener su soberanía económica, pero al mismo tiempo, pone en jaque la estabilidad financiera garantizada por el mayor paquete de financiación internacional que ha conseguido el país en décadas.