El ministro de Interior chavista designó juntas interventoras en Anzoátegui, Nueva Esparta, Táchira, Mérida y Zulia. Realizarán una auditoría que puede durar 180 días. El objetivo es quitarle poder a los gobernadores de la MUD.
El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Nicolás Maduro anunció la intervención de los cuerpos policiales de Anzoátegui, Nueva Esparta, Táchira, Mérida y Zulia. En todas, ganó la oposición.
La gaceta oficial número 41.259 difundida por el Gobierno a través de las redes sociales, establece cinco resoluciones donde queda designada una junta conformada por ciudadanos de a pie, cuyo objetivo principal es auditar tanto a los trabajadores como a los efectivos adscritos a las organizaciones policiales, detalló La Verdad.
La junta de intervención chavista tendrá un lapso de 180 días continuos para realizar las auditorías, las cuales pueden prolongarse 90 días más.
Fraude
El Parlamento de Venezuela, el único poder dominado por la oposición, declaró como fraudulentas las elecciones regionales del pasado domingo y anunció que pedirá a organismos internacionales que auditen los resultados emanados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El Parlamento exige al CNE que «facilite la realización de una auditoría integral, cualitativa y cuantitativa», por parte de organismos internacionales y «a cargo de expertos independientes», de todo el proceso electoral en el que el chavismo obtuvo 18 de las 23 gobernaciones en disputa.
El acuerdo contempla además crear una comisión que documente «exhaustivamente las violaciones» al proceso «perpetradas» por el árbitro electoral y el resto de órganos del Estado «que están al servicio del Ejecutivo».
El Legislativo denunciará ante la comunidad internacional «la grave violación de la soberanía popular y de los derechos políticos» que, a su juicio, ha cometido el CNE, por lo que remitirá el acuerdo aprobado hoy a instancias internacionales que se ocupan de los derechos humanos y democráticos.
La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha denunciado graves irregularidades en el proceso electoral que culminó el domingo con los comicios regionales, que ya tenían un retraso de casi un año.
Entre estas irregularidades están la negativa del CNE de eliminar de las papeletas a los candidatos opositores que perdieron en las primarias de la MUD para escoger aspirantes únicos, algo que la coalición antichavista consideró una maniobra para confundir a los electores.
Otra de las medidas criticadas fue la reubicación, a escasas 48 horas de la jornada electoral, de los centros en que votaban alrededor de medio millón de electores, a los que el CNE habría ofrecido información confusa sobre el cambio.
Además, la MUD ha presentado supuestas pruebas de resultados manipulados, para cuya forja el aparato del Estado y del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) habrían expulsado a la fuerza a los testigos de la oposición en los centros.
La alianza opositora no reconoce el triunfo oficialista y buscará apoyo externo a sus denuncias como también hará el Parlamento, que acudirá a organismos no gubernamentales del «mayor prestigio» y a «organismos multilaterales» para obligar al Gobierno a abrir «una auditoría total cualitativa y cuantitativa».