Por Carlos Sánchez Berzain*
Hechos públicos y notorios de la gestión del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) demuestran que gobierna por encima de la ley, violando el elemento esencial de la democracia que es “el Estado de Derecho”. La política exterior que ha impuesto y dirige, es de servicio a las dictaduras e incluye medidas de política interna en perjuicio de sus propios nacionales como la contratación de médicos esclavos de la dictadura de Cuba. Es presidencialismo para dictatorial que elimina el Estado de Derecho en México.
La Carta Democrática Interamericana, un tratado constitutivo de cumplimiento obligatorio que México ha firmado y está obligado a cumplir como norma internacional y como ley interna, establece en el artículo tercero que es elemento esencial de la democracia “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho”.
Estado de Derecho es simplemente el cumplimiento de la ley, es el “sometimiento e igualdad ante la ley de gobernantes y gobernados”, es “una forma de organización del Estado que se caracteriza por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, incluidos aquellos que detentan el poder”.
La violación del Estado de Derecho incluye la utilización del poder con competencias legítimas de la autoridad -por acción u omisión- en hechos o cuestiones ilegítimas o con consecuencias ilegales, como acaba de suceder con la decisión del presidente de México para contratar médicos esclavos a la dictadura de Cuba. Viola el derecho al trabajo de los médicos mexicanos, incurre en mal uso de la hacienda pública por un gasto evidentemente político destinado a favorecer a la dictadura cubana en crisis económica, viola el informe de las Naciones Unidas que señala como esclavismo la trata de personas que hace la dictadura de Cuba, viola los derechos humanos de los cubanos manipulados por la dictadura con la que se hace coautor.
La historia de médicos esclavos de Cuba y de seres humanos a los que la dictadura explota desde hace años bajo la falacia de “internacionalistas”, ya ha pasado por Brasil, Bolivia, Venezuela, Argentina, Ecuador con Correa y más países con gobiernos ligados a la dictadura cubana. Las denuncias de las víctimas son de conocimiento internacional y objeto de demanda en Estados Unidos contra la Organización Panamericana de Salud que fue intermediaria.
Amplia documentación demuestra que los “internacionalistas” dejan como rehenes a sus familiares en Cuba, que el régimen dictatorial se apodera hasta el 80% del monto que cobra al gobierno contratante, que la estructura es totalmente paramilitarizada con controles y mandos operativos para tareas de adoctrinamiento e inteligencia en respaldo del gobierno que los ha contratado, como pasó en Brasil, en Bolivia de Morales, en Argentina de Kirchner, en Ecuador de Correa y sigue pasando en Venezuela y Nicaragua.
Existen malos resultados producidos por los integrantes de estos “grupos médicos”, pues -salvando excepciones- su nivel de preparación ha causado tragedias como: 1.- de “la joven universitaria boliviana Abigail Gonzales Durán de 23 años muerta en Oruro por negligencia de médicos cubanos que la operaron y dejaron gasa dentro su cuerpo”; 2.- del boliviano Agustín Tuco Yampi -también muerto- a quien los médicos cubanos “le extrajeron por error o negligencia el único riñón con el que contaba….”, caso en el que el Colegio Médico certificó en auditoría la responsabilidad de los cubanos con agravante por “la afirmación de que hubieran maltratado el riñón para justificar su error”.
AMLO violó también el Estado de Derecho por protección abierta a la dictadura de Venezuela, incluido el encubrimiento a Nicolas Maduro a quien recibió y protegió en México para una reunión de la CELAC estando vigente la orden de captura internacional y detención con recompensa de 15 millones de dólares por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por cargos de narcotráfico que hacen de Maduro reo criminal como líder del “cartel de los soles” y que se juzgan en tribunales.
El Estado de Derecho, en el caso de Maduro en México, fue violado por incumplimiento de La Convención de Palermo contra la delincuencia organizada trasnacional suscrita por México, por incumplimiento del tratado de extradición de México y Estados Unidos (el mismo con el que extraditaron al Chapo Guzmán) y por violación de las leyes mexicanas sobre captura de prófugos.
Estos y otros casos, como asuntos con la prensa y decisiones en la lucha contra el narcotráfico, además de violación que elimina el Estado de Derecho que hace a la destrucción de la democracia en México, son delitos, evidencian un presidencialismo para dictatorial y autoritarismo (AMLO acaba de mandar “al carajo” a críticos del contrato de médicos esclavos).
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy