El Salvador se encuentra bajo un escrutinio creciente a medida que organizaciones de derechos humanos y actores políticos denuncian un patrón preocupante: el aparente uso del sistema judicial como una herramienta para silenciar a la oposición y disidentes. En un clima político cada vez más polarizado, las voces críticas al gobierno se enfrentan a un número creciente de procesos legales que, según sus defensores, carecen de fundamento y buscan criminalizar la disidencia.
Desde abogados y periodistas hasta activistas sociales y políticos, varios individuos que han expresado puntos de vista contrarios a la administración actual han sido objeto de investigaciones y acusaciones penales. Los cargos varían, desde difamación y desacato hasta acusaciones más graves como sedición o financiamiento del terrorismo, lo que genera la percepción de una estrategia coordinada para neutralizar la crítica.
Organizaciones como Cristosal y Human Rights Watch han documentado casos en los que, argumentan, no se han respetado los principios del debido proceso, se ha negado el acceso a información o se han utilizado pruebas dudosas. «Estamos viendo un patrón preocupante donde la independencia judicial parece haberse erosionado significativamente», afirmó un representante de una organización de derechos humanos que prefirió el anonimato por temor a represalias. «Los tribunales, que deberían ser garantes de justicia, están siendo percibidos como extensiones del poder ejecutivo».
Los críticos señalan que la instrumentalización del sistema judicial es una táctica que busca generar un «efecto paralizador» entre aquellos que podrían atreverse a cuestionar las políticas gubernamentales. «El mensaje es claro: si hablas demasiado, te enfrentarás a las consecuencias legales», comentó un exfuncionario judicial. «Esto crea un ambiente de autocensura y mina los cimientos de la democracia».
Por su parte, voceros del gobierno han defendido las acciones judiciales, insistiendo en que se trata de la aplicación imparcial de la ley y que nadie está por encima de ella, (aunque ya en la práctica ellos si lo están). Sostienen que los procesos son legítimos y responden a infracciones reales, desestimando las acusaciones de persecución política como meras excusas de aquellos que buscan evadir la justicia.
Sin embargo, la comunidad internacional ha comenzado a expresar su preocupación. Informes recientes de organismos internacionales han puesto de manifiesto la disminución de los espacios para la libertad de expresión y la creciente presión sobre los defensores de derechos humanos y los medios de comunicación independientes en El Salvador. La transparencia y la independencia del sistema judicial se han convertido en puntos clave de observación.
A medida que el país se adentra en un nuevo ciclo político, la sombra de la represión judicial se cierne sobre el debate público. La cuestión de si el sistema de justicia está sirviendo a la ley o a los intereses políticos mezquinos es un interrogante que El Salvador deberá enfrentar para asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y la salud de su democracia.