El Gobierno de El Salvador negó el lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que mantenga negociaciones con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) durante una audiencia en la que organizaciones sociales denunciaron la militarización de la seguridad pública y la falta de transparencia en los planes para atender la violencia criminal.
«Son informaciones periodísticas producto de una línea de información de un par de medios de comunicación que no tienen sustento objetivo», señaló durante la audiencia virtual el director jurídico del Ministerio de Seguridad salvadoreño, Élmer Castro.
A comienzos de septiembre, el medio digital El Faro publicó un reportaje en el que se señalaba, citando documentos oficiales del sistema carcelario, que el Gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene negociaciones con la pandilla MS13 desde que llegó al poder en junio de 2019.
Por su parte, InSight Crime, publicó el pasado 2 de octubre que «existe un pacto informal entre algunos sectores del gobierno y las pandillas», con el que estas bandas «son las primeras en recibir los beneficios del Gobierno».
Según Castro, las publicaciones no prueban los supuestos beneficios otorgados a los pandilleros presos a cambio de la reducción de la violencia homicida y votos a favor del partido Nuevas Ideas, dirigido por un familiar de Bukele.
«Se habla de muchas cosas y se habla incluso de una negociación, de una tregua, pero toda tregua tiene algún nivel de beneficios, de contraprestaciones entre las partes que sostienen esta negociación», indicó el funcionario.
Añadió que «desde el Ejecutivo se ha evidenciado que no existe un trato preferencial para nadie al interior de los centros penitenciarios, se ha evidenciado también el decisivo golpe a estas estructuras criminales y el resultado del mismo, que ha sido una baja en los homicidios y en las desapariciones».
«Eso lo dicen las cifras oficiales y, si bien es cierto hay opiniones contrarias a ellas, no pasan de ser opiniones», subrayó Castro.
Verónica Reyna, de la organización Servicio Social Pasionista (SSPAS), señaló durante la audiencia que con la falta de transparencia en el llamado plan control territorial del Gobierno «se busca impedir la rendición de cuentas» para «poder efectivamente medir si las acciones que se están desarrollando desde el Estado están o no vinculadas al descenso de delitos».
«Hasta el momento, no tenemos datos objetivos y verificables que determinen que el plan control territorial esté relacionado con el descenso de homicidios», acotó Reyna y señaló que las cifras de muertos violentas vienen desde antes de la implementación del referido plan.
El año 2015 se convirtió en el más violento de la historia reciente de El Salvador con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que el Ejecutivo de Sánchez Cerén llevó hasta los 50,5 en 2018.
En 2019, año en el que Sánchez Cerén gobernó seis meses, este índice llegó a las 36 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y el Gobierno de Bukele prevé que este 2020 cierre en menos de 20.
Las organizaciones sociales manifestaron su preocupación por la militarización de la seguridad pública con el uso de unos 9.000 soldados y por las supuestas violaciones a derechos humanos cometidos durante el confinamiento obligatorio por el COVID-19.
El representante gubernamental señaló, sin comprometerse con alguna fecha, que al momento de reactivarse una mesa de verificación de acciones policiales presentarán el plan.
No obstante, el presidente Bukele señaló el pasado 24 de septiembre que este plan es secreto.