A pesar de los esfuerzos del gobierno de Nayib Bukele por proyectar estabilidad macroeconómica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado un incremento de impuestos en El Salvador como parte de las medidas necesarias para cumplir con el programa de ajuste fiscal acordado en 2025.
¿Qué propone el FMI?
En su más reciente informe de revisión financiera, el FMI plantea una batería de medidas tributarias para ampliar la base de ingresos del Estado:
- Tasa de entrada turística de $20 para no residentes
- Aumento de impuestos especiales sobre el tabaco y bebidas alcohólicas
- Elevación de tasas de matrícula vehicular
- Ampliación del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del IVA, incluyendo el consumo de combustibles
- Aplicación de IVA a servicios digitales
- Impuesto al carbono de $5 por tonelada de CO₂ emitido
- Tributo del 30 % sobre ganancias de capital
- Impuesto del 10 % sobre dividendos distribuidos
¿Por qué se exige este ajuste?
El FMI considera que El Salvador enfrenta desequilibrios fiscales que deben corregirse para evitar una crisis de deuda. El acuerdo firmado por $1,400 millones incluye metas estrictas de consolidación fiscal, que implican reducir el déficit público y fortalecer las reservas financieras.
Aunque el gobierno aún no ha oficializado la implementación de estas medidas, economistas advierten que el costo podría recaer sobre los consumidores, especialmente si se amplía el IVA a productos básicos o servicios digitales. También se teme que el impuesto al carbono encarezca el transporte y la producción industrial.
Mientras las autoridades salvadoreñas han reafirmado su compromiso con el FMI, sectores empresariales y organizaciones civiles han pedido transparencia y diálogo antes de aplicar nuevos tributos. El debate se intensifica en un contexto donde el gobierno ha priorizado el gasto en seguridad y tecnología, pero enfrenta críticas por la falta de reformas estructurales en pensiones y servicio civil.
El Salvador se encuentra en una encrucijada fiscal: cumplir con las exigencias del FMI podría estabilizar sus finanzas, pero también generar tensiones sociales si los impuestos afectan directamente a la ciudadanía. El reto será equilibrar las metas macroeconómicas con la protección del poder adquisitivo y la competitividad nacional.