Luis Rivas, crítico del Gobierno, alias «El Comisionado», fue detenido el pasado 21 de agosto después de difundir una fotografía del despliegue de seguridad en una playa de Kerim Bukele, uno de los hermanos del presidente Nayib Bukele, quien no es funcionario público, pero gozaba de un contingente de guardaespaldas pagado por el erario público.
El lunes se agendó su audiencia. Rivas fue capturado el 21 de septiembre, luego de tuitear sobre el uso de recursos del gobierno para proteger al hermano del presidente y su familia, mientras estaba en la playa.
Rivas pasó varios días «desaparecido» luego de su captura.
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador realizó la audiencia inicial contra Rivas y se le decretó libertad condicional y una fianza de 10.000 dólares., pero fue capturado de nuevo.
Adeptos al gobierno de Bukele afirman que se escondía en cuentas anónimas para hacer amenazas y difamaciones. Aseguran que el «sujeto emitía comentarios misoginos denigrando a cuanta persona no estuviera deacuerdo con su postura», aunque no entiendan que eso, precisamente, es el buen uso de la libertad de expresión.
El mismo tipo de publicaciones son realizadas diariamente por diputados oficialistas y seguidores del partido político del presidente de la República, sin ser perseguidos, o reprendido por las aitoridaes judiciales del país.
una publicación de la cuenta de los tribunales en redes sociales, que posteriormente fue borrada, en la que se señaló que el cargo que enfrenta Rivas es desacato “en perjuicio de la Administración pública y del presidente de la República”.
La Fiscalía General de la República no ha confirmado ni desmentido esta información.
De acuerdo con el investigador Juan Pappier, de la organización Human Rights Watch (HRW) en la División para las Américas, la legislación salvadoreña se opone a estándares internacionales sobre la libertad de expresión.
“El delito de desacato, tal y como está previsto en la legislación salvadoreña, contradice estándares internacionales sobre libertad de expresión”, publicó en Twitter.
El Código Penal de El Salvador establece que el desacato tiene condenas de entre seis meses y tres años de cárcel, pena que es excarcelable.
Sin embargo, agrega que si el delito es contra el presidente “la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte de su máximo”.
No es la primera vez que las autoridades salvadoreñas detienen a un crítico del Gobierno de Bukele.
En septiembre del 2021, la Policía de El Salvador arrestó a Mario Gómez, un especialista en informática y criptomonedas crítico de la implementación del bitcóin en el país centroamericano.
Gómez fue capturado “bajo vías de investigación”, según señaló en su momento la Policía Nacional Civil (PNC), y fue liberado horas después de su detención.
Por otra parte, el pasado 18 de agosto las autoridades de El Salvador aprobaron la extensión del estado de excepción por quinta vez con el objetivo de “resguardar la seguridad de los salvadoreños”.