La jueza del tribunal Cuarto de Instrucción de San Salvador ha señalado para el siete de enero, la audiencia preliminar en el caso corruptela.
La audiencia preliminar es la fase intermedia de un proceso, en la cual las partes discuten sobre los contenidos del requerimiento, así como de la acusación fiscal y cuya información servirá, en definitiva, para que el juez determine si es posible someter a una o varias personas a un juicio penal.
En dicha audiencia se discutirá, forzosamente, las causas reales de la acusación, que como de todos es sabido, fue implementada por el exfiscal Douglas Meléndez y un grupo de fiscales subalternos con quienes “inventó” el caso llamado corruptela,
La causa real de este caso fue impedir que los principales acusados en el caso Rais-Martínez, obtuvieran su libertad y recuperaran sus derechos, fundamentales y civiles, ante la falta de pruebas fehacientes en su contra y por haberse vencido los plazos establecidos en la ley.
El exfiscal Douglas Meléndez y sus asociados o “manzanas podridas” como los ha llamado el fiscal general de la República, Raúl Melara, en su afán por servir los intereses de los enemigos empresariales de Enrique Rais y los enemigos políticos del exfiscal Luis Martínez, no vacilaron en inventar casos mediáticos, fabricando “pruebas” o utilizando pruebas ilícitas, para mantener a estos privados de sus derechos. Lo hicieron de manera descarada; calculando que para cuando todo quedara al descubierto, Meléndez estaría “blindado” nuevamente como fiscal general de la República.
Como no le salieran bien las cosas, y ante la posibilidad de que, tanto el empresario Enrique Rais, como el exfiscal Luis Martínez, recobrarían en poco tiempo sus derechos y sus libertades, Meléndez optó por recurrir a otra de sus triquiñuelas para que estos siguieran, uno en la cárcel y el otro en un exilio injusto e involuntario: inventó otro nuevo caso al que descaradamente llamó “Corruptela”.
En este nuevo caso, Meléndez logró ganar tiempo para mientras escapaba del país hacia los Estaos Unidos, donde actualmente se encuentra asilado; sin embargo, las cosas le siguen saliendo mal. El llamado caso corruptela está por llegar a la fase de la audiencia preliminar donde estamos seguros que se derrumbará como un castillo de naipes.
Una de las razones por las que el caso corruptela se desmoronará, es que la fiscalía presentó un requerimiento confuso, sin claridad e impreciso y por lo tanto, violatorio del debido proceso; un requerimiento, incluso, donde se confunde el delito de cohecho con peculado, donde no se aclara si se está hablando de un delito común o de un delito especial por infracción del deber, como es el caso del peculado. Además, porque salta a la luz que el origen del caso es espurio.
Cualquier juez, sin esfuerzo alguno, podrá determinar que la acusación fiscal en el caso corruptela, carece de las exigencias mínimas del proceso penal. Una acusación donde se relata infinidad de acontecimientos irrelevantes sin trascendencia jurídica, donde se confunde los planos fácticos y jurídicos, en la que solo se especula sobre generalidades y abstracciones, pero no se aporta prueba fehaciente alguna, está condenada al fracaso.
¿Podrá juez alguno pasar inadvertido que, cuatro fiscales y tres administrativos, denunciaron y acusaron ante la Procuraduría para los Derechos Humanos y en sede judicial, al fiscal Douglas Meléndez y a varios de sus compañeros fiscales de haberlos obligado a mentir, -utilizando la figura del testigo criteriado-, para darle forma al caso corruptela? Sinceramente, no lo creemos.
Por el contrario, esa denuncia de los fiscales y los empleados administrativos ha demostrado la forma corrupta en que Meléndez utilizó a la Fiscalía General de la República (FGR), utilizándola como un mecanismo de persecución política y descrédito de las personas. Además de los daños morales y económicos causados que produce un proceso injusto.
Por más que una persona sea absuelta y se compruebe su absoluta inocencia, el solo sometimiento a juicio siempre habrá significado una cuota considerable de sufrimiento, gastos y aun de descrédito público. Alguien tendrá que pagar por ello.
El “derrumbamiento” del caso corruptela, será sin lugar a dudas, una oportunidad para que el señor fiscal Melara, cumpla sus promesas de enderezar los entuertos dejados por su antecesor, cosa que hasta la fecha no ha hecho.
Los fiscales y empleados administrativos que se prestaron junto a Douglas Meléndez, para “fabricar” y utilizar pruebas ilícitas en los casos Rais-Martínez y corruptela, siguen impunes en sus cargos, a pesar de que se ha demostrado que hicieron uso ilegal y abusivo de grabaciones telefónicas, de haber mentido en sede judicial, de haber obligado a personal de la institución a constituirse en testigos criteriados, de que violaron derechos humanos, derechos fundamentales y que se pasaron por el famoso arco del triunfo el derecho de los ciudadanos al debido proceso, inclusive algunos de ellos participaran en el desarrollo de la audiencia preliminar.
Esta situación no puede continuar así, a no ser que al fiscal Melara no le importe ver cómo se hunde la fiscalía y con ella cualquier aspiración política que pueda tener en el futuro. Es un hecho: el caso corruptela se derrumba como un castillo de naipes.