El cierre del ejercicio fiscal 2025 ha encendido las alarmas entre economistas y sectores de la sociedad civil. Según el último balance financiero del Estado, la ejecución presupuestaria sufrió una contracción significativa, alcanzando apenas el 84.8 %, una cifra inferior a la registrada en 2024, cuando los niveles de gasto efectivo se mantuvieron por encima del 92 %.
La brecha entre el presupuesto programado y lo realmente devengado dejó un saldo sin ejecutar que asciende a $1,385.4 millones de dólares. Este monto, que representa el 15.2 % del Presupuesto General de la Nación 2025, no llegó a transformarse en bienes, servicios o inversión pública.
Analistas de centros de pensamiento señalan que este fenómeno no responde a una estrategia de «ahorro», sino a una deficiente gestión en la cartera de proyectos. Áreas críticas como infraestructura hospitalaria, mantenimiento de red vial y programas de apoyo agrícola fueron las más afectadas por el congelamiento o la lentitud en la transferencia de fondos.
Para el presente ciclo fiscal de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto que asciende a $9,663 millones, lo que representa un incremento nominal respecto al año anterior. El desafío para el Ejecutivo será revertir la tendencia de ineficiencia administrativa del 2025 para evitar que los fondos vuelvan a quedar en las cuentas bancarias del Estado mientras las necesidades sociales aumentan.
| Año Fiscal | Presupuesto Votado (Millones) | Porcentaje de Ejecución | Estado de Fondos |
| 2024 | $9,129.7 | 92.1 % | Ejecución estable |
| 2025 | $9,112.5 | 84.8 % | $1,385.4M sin ejecutar |
| 2026 | $9,663.0 | En curso | Proyectado |
Causas y consecuencias de la baja ejecución
Expertos en finanzas públicas identifican tres razones principales tras esta caída:
- Exceso de reservas de información: La opacidad en los procesos de licitación ha retrasado el inicio de proyectos clave.
- Burocracia en el Ministerio de Hacienda: Retenciones de cuotas presupuestarias a ministerios para priorizar el pago de deuda externa.
- Falta de capacidad técnica: Debilidad en las unidades de adquisiciones para gestionar contratos de gran envergadura.
«De nada sirve aprobar presupuestos históricos si al final del año más de mil millones de dólares no llegan a la gente. La subejecución es, en la práctica, un recorte encubierto a la inversión social», advirtió un exfuncionario de Hacienda.
Radiografía de la Subejecución
Mientras carteras vinculadas a la propaganda y la seguridad mantuvieron niveles altos de gasto, las áreas de desarrollo social y fomento productivo presentaron brechas alarmantes.
Según los datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SAFI), las carteras que dejaron de invertir la mayor proporción de sus recursos asignados fueron:
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Ejecutó apenas el 62.5 % de su presupuesto. Programas de entrega de paquetes agrícolas y apoyo a la seguridad alimentaria sufrieron retrasos críticos, dejando sin utilizar más de $60 millones.
- Ministerio de Vivienda: Presentó una ejecución del 68.2 %. La falta de avance en proyectos de reasentamiento y créditos para vivienda popular fue la principal causa de este remanente.
- Ministerio de Obras Públicas (MOP): Aunque es una de las carteras con mayor presupuesto, su ejecución real fue del 74.1 %. Grandes proyectos de infraestructura vial anunciados a inicios de año no lograron superar la etapa de licitación o quedaron paralizados por falta de asignación de cuotas trimestrales.
En el otro extremo, las instituciones que recibieron fondos de manera fluida y agotaron casi la totalidad de su presupuesto fueron:
- Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: Alcanzó el 97.8 %.
- Presidencia de la República: Mantuvo una ejecución del 96.5 %, concentrada mayoritariamente en comunicaciones y eventos.
La concentración del gasto en seguridad y publicidad, en detrimento de la inversión en capital humano (educación y salud), sugiere una priorización política por encima de la administrativa.
El hecho de que Educación no ejecutara casi $288 millones implica que reparaciones escolares, compra de tecnología y capacitación docente quedaron en suspenso, a pesar de que los fondos fueron legalmente aprobados por la Asamblea Legislativa.
Análisis de Coyuntura: Esta retención de fondos hacia el final del año 2025 ha sido interpretada por organismos internacionales como una medida de «ajuste fiscal forzoso» para garantizar el pago de los vencimientos de deuda externa, sacrificando la inversión social interna.