El Gobierno de Estados Unidos, bajo la Administración Trump, ha asestado un golpe demoledor a miles de familias migrantes al anunciar el fin inmediato de los programas migratorios humanitarios de reunificación familiar (Family Reunification Parole – FRP) para nacionales de siete países, incluyendo El Salvador. La medida, que entrará en vigor el 14 de enero de 2026, ordena la salida del país de los ciudadanos que actualmente se benefician de estos permisos, a menos que logren obtener una alternativa legal antes de la fecha límite.
La decisión, justificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo el argumento de «abusos» y la necesidad de priorizar la seguridad nacional, obliga a miles de personas a enfrentar la incertidumbre y la inminente separación familiar, marcando un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria estadounidense.
El Dilema Salvadoreño: Lealtad Sin Beneficio
La cancelación del programa FRP tiene un impacto especialmente agudo en la comunidad salvadoreña, que alberga a un importante contingente de beneficiarios del «parole». La noticia cae como un jarro de agua fría, particularmente en un contexto donde el Gobierno de El Salvador ha sido señalado consistentemente por su fidelidad y comportamiento genuflexo hacia la Administración Trump.
Durante años, la diplomacia salvadoreña ha procurado mantener una relación cordial y de aparente subordinación con Washington, llegando a implementar acuerdos migratorios considerados polémicos, y alineándose con las políticas de la Casa Blanca. Muchos analistas y observadores políticos sugieren que este alineamiento buscaba, entre otras cosas, obtener beneficios migratorios o, al menos, evitar medidas punitivas contra sus diásporas.
Sin embargo, el anuncio del DHS demuestra que la supuesta lealtad y el esfuerzo por complacer a la Administración Trump no han garantizado la protección de sus propios ciudadanos.
«El deseo de reunir familias no supera la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso y de defender la seguridad nacional y la seguridad pública», declaró el DHS, dejando claro que las consideraciones políticas internacionales no han logrado mitigar la política de «América Primero».
Cuentas Regresivas y el Riesgo de Deportación
Los ciudadanos salvadoreños que residen legalmente en EE.UU bajo el paraguas del Family Reunification Parole (FRP) se encuentran ahora en una carrera contrarreloj. Los permisos que no hayan expirado antes del 14 de enero de 2026 terminarán en esa fecha, obligando a los migrantes a:
- Ajustar su estatus a otra categoría migratoria (si califican) antes de la fecha límite.
- Abandonar el país antes de la fecha de finalización del permiso temporal para evitar la deportación.
La medida afecta a personas que habían obtenido una autorización de empleo (EAD), habían comenzado a integrarse y, en muchos casos, ya habían reunificado parcialmente a sus familias. La revocación del «parole» los dejaría en un estatus no autorizado, sujetos a la pérdida de su empleo y al riesgo de ser arrestados y deportados.
Un Llamado a la Acción y la Incertidumbre Futura
Organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración han calificado la decisión como un acto que promueve la separación familiar y la criminalización de procesos humanitarios. La cancelación es parte de una reestructuración más amplia del sistema migratorio de Trump, que busca reducir drásticamente las vías legales de ingreso y permanencia en el país.
El Gobierno salvadoreño enfrenta ahora la difícil tarea de responder a una crisis humanitaria que se cierne sobre su diáspora, mientras que su historial de «fiel y genuflexo gobierno» ante la Administración Trump parece haber rendido un resultado amargo: la expulsión de sus propios ciudadanos del país que consideraban su segundo hogar.