Funcionarios dieron a conocer anoche que ambos territorios contarán con 400 soldados en los límites con México, un día después de que el mandatario republicano dijera que quería enviar en total de dos mil a cuatro mil efectivos para apoyar el trabajo de la Patrulla Fronteriza.
Como respuesta a la petición de Trump, el secretario de Defensa, James Mattis, firmó ayer un memorando que autoriza el despliegue de la mayor de esas dos cifras hasta el 30 de septiembre próximo, aunque no precisó el costo monetario de esa operación.
Texas, que tiene el tramo de frontera más largo con la nación latinoamericana -casi dos mil kilómetros-, mandó a sus primeros miembros de la Guardia Nacional anoche después de una conferencia de prensa en la que se detallaron planes para trasladar a 250 tropas en 72 horas.
Por su parte, Arizona, cuya frontera con México es de unos 600 kilómetros, prevé el envío de 150 militares la próxima semana, divulgó el diario USA Today.
El anuncio de ambos estados se produjo el mismo día en que el fiscal general del país, Jeff Sessions, instruyó la implementación de una política de tolerancia cero para los inmigrantes que crucen de forma ilegal la frontera suroeste del país.
De acuerdo con un comunicado, el secretario de Justicia pidió a todas las fiscalías a lo largo de esa área adoptar tal postura ante los delitos comprendidos en la normativa 8 USC § 1325 (a), que prohíbe tanto el intento como el ingreso ilegal de un extranjero a esta nación.
También orientó a los fiscales trabajar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para desarrollar pautas destinadas a enjuiciar los delitos bajo la ley de inmigración.
El Departamento de Justicia indicó que la nueva política responde a un informe del DHS según el cual hubo un aumento del 203 por ciento en cruces ilegales desde marzo de 2017 hasta el mes pasado.
También ayer Trump rubricó una orden para poner fin a la práctica de ‘capturar y liberar’, que permite dejar en libertad a inmigrantes sin documentos detenidos en la frontera mientras se llevan a cabo sus procesos en la corte.
El documento firmado por el jefe de la Casa Blanca llama al DHS, en coordinación con otras agencias, a presentar un informe en un plazo de 45 días con todas las medidas que estén adoptando para terminar rápidamente con ese procedimiento.
Los pasos de los últimos días forman parte de una creciente cruzada del gobernante contra la inmigración ilegal, ante lo que medios ven como frustración por no poder concretar aún los fondos para el muro fronterizo prometido desde su campaña, y la presión de su base conservadora.