El Gobierno extendió hoy hasta enero de 2020 el amparo migratorio del Estatus de Protección Temporal (TPS, en sus siglas en inglés) para los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, en cumplimiento de una resolución judicial.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) notificó este jueves que había adoptado esta medida, que mañana se hará pública oficialmente en el Registro Federal, que ya hoy ofrecía en su página web una versión oficiosa del texto.
En el documento, el DHS señaló que extiende de manera automática hasta el 2 de enero de 2020 el TPS para los nacionales de Nicaragua, Haití, El Salvador y Sudán.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que el Gobierno concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por períodos de 18 meses, pero el Gobierno del presidente, Donald Trump, decidió revaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.
En consecuencia, en el último año, el mandatario ordenó a los beneficiarios del TPS -unos 263.000 salvadoreños, 86.000 hondureños, 58.000 haitianos, 5.300 nicaragüenses y un millar de sudaneses- que preparasen «su salida» de EE.UU. o buscasen una alternativa migratoria legal.
El DHS explicó en la notificación que la decisión se produce «para garantizar el cumplimiento continuo del mandato judicial previo de la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California».
Por tanto, «los beneficiarios de las designaciones de TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y el Salvador retendrán sus TPS mientras el mandato judicial preliminar permanezca en efecto».
En octubre pasado, un juez de ese tribunal, con sede en San Francisco (California), bloqueó el cese de este amparo migratorio, ordenado por Washington para Sudán, El Salvador, Nicaragua y Haití.
En aquel entonces, el magistrado Edward Chen, dispuso el bloqueo de la suspensión del TPS al considerar que suponía un «daño irreparable» para los inmigrantes y sus familias que debían abandonar el país.
El caso de Honduras, que queda fuera de la medida del DHS, lo lleva la misma corte, junto al de los receptores de TPS de Nepal, en una causa separada de la anterior.
La Embajada de EE.UU. en El Salvador difundió un comunicado en español en el que precisó que «las personas beneficiadas y registradas bajo TPS no necesitan realizar ningún pago ni presentar ninguna solicitud para mantener sus beneficios de TPS hasta el 2 de enero de 2020».
Aun así, advirtió de que si en este tiempo los tribunales emiten una decisión que apoye la cancelación del TPS este amparo finalizaría en un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor de la orden de terminación de este beneficio o en la fecha previamente anunciada por el DHS, que en el caso de El Salvador sería el 9 de septiembre de 2019.
Las reacciones a la decisión del DHS no se hicieron esperar.
La organización FWD.us se congratuló por la medida pero recordó que «esto no debería ralentizar los esfuerzos del Congreso para proteger permanentemente a estas comunidades que afrontan un riesgo inminente como resultado de las acciones de la Administración de Trump».
En el caso de El Salvador, Estados Unidos concedió el TPS en 2001 a raíz de una serie de terremotos, mientras que a Honduras y Nicaragua en 1998 fue tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica.
Haití se beneficiaba del TPS desde 2010 por el catastrófico terremoto que dejó unos 300.000 muertos y sumió al país en el caos, mientras que a Sudán se le otorgó en 2014 por el conflicto de Sudán del Sur.