El régimen de Nayib Bukele en El Salvador no cumplió los requisitos del Departamento de Estado norteamericano respecto a la transparencia fiscal el año pasado. De acuerdo al informe anual dado a conocer este viernes, los presupuestos divulgados por el Ejecutivo nicaragüense no ofrecieron un panorama sustancial de los gastos planeados ni las fuentes de ingreso.
El reporte “Transparencia Fiscal 2021″ es un documento pedido por el Congreso de EEUU al Departamento de Estado que expone cómo los gobiernos del mundo invierten sus presupuestos e ingresos generados por los impuestos.
El escrito evidencia hasta qué punto los ejecutivos cumplen los requisitos mínimos de transparencia y ofrece una ventana a los ciudadanos sobre su administración. También ayuda a establecer la confianza de los mercados y la sustentabilidad.
El Departamento de Estado concluyó que de los 141 países evaluados, 74 cumplieron los requisitos mínimos de transparencia fiscal en 2020 y 67 no los cumplieron. Dentro del lote de estos últimos, además de El Salvador, las naciones de la región señaladas son Nicaragua, Ecuador, Haití y República Dominicana.
Según el informe, el presupuesto del gobierno salvadoreño y la información sobre las obligaciones de la deuda fueron accesibles al público. No obstante la entidad norteamericana expresó severas observaciones al manejo de las finanzas públicas del gobierno de Nayib Bukele.
Aunque el presupuesto estuvo sustancialmente completo, los ingresos reales y los gastos no correspondieron razonablemente a los que aparecían en el presupuesto.
Además el gobierno de Nayib Bukele no proporcionó información completa a la legislatura pasada sobre los gastos relacionados con el COVID-19.
Están cuestionados por el manejo de fondos el actual ministro de Salud, Francisco Alabí; el ex ministro de Agricultura, Pablo Salvador Infante y el ex presidente del Fonaes, Jorge Aguilar; entre otros.
La institución de auditorías revisó partes del documento, pero no tiene la capacidad para auditar el presupuesto completo ni la autoridad para llevar a cabo sus obligaciones.
El proceso de contratos para la extracción de recursos naturales está protegido por la ley y parece que se cumple en la práctica, dice el informe, y la información básica al respecto estuvo disponible públicamente.