Los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad, al acceso a la justicia y a la libertad de expresión fueron los más violentados en El Salvador en 2024, de acuerdo a un informe del Observatorio de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA) presentado el martes.
Roberto López Salazar, coordinador del OUDH, explicó a periodistas que el derecho a la vida es “uno de los derechos más afectados en el año”, por “las distintas formas de violencia que se mantienen activas en el país”.
“El Salvador se quiere mostrar como uno de esos países más seguros en el mundo pero los datos hacen cuestionable este discurso, porque vemos que la violencia sigue siendo una forma dominante para resolver diferencias y conflictos en la sociedad”, expuso López Salazar.
El coordinador del OUDH hizo referencia, como una de las principales acciones a la vulneración al derecho a la vida, a la medida del régimen de excepción, que es implementada contra las pandillas pero que, de acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, deja miles de víctimas y muertes en cárceles.
El derecho a la libertad personal fue el segundo más violentado el año pasado, apuntó López Salazar, por el hecho de que “hay desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad personal y condiciones carcelarias degradantes”.
“Las desapariciones forzadas siguen existiendo sin que el Estado actúe e investigue a fondo esta problemática”, señaló.
Sobre las detenciones arbitrarias, que “son dominantes en el régimen de excepción”, hay violaciones al debido proceso que afectan principalmente a las juventudes y a sus familiares y esto “tiene efectos muy graves porque imposibilita procesos de vida”, dijo.
El coordinador del OUDH también mencionó que otros de los derechos más violentados en 2024 es a la integridad, al acceso a la justicia y a la libertad de expresión.
Entre tanto, Gabriela Santos, directora del observatorio, apuntó que “es importante que el Estado salvadoreño, particularmente la Policía Nacional, Centros Penales, Fuerza Armada y la Fiscalía General, respeten la vida y las obligaciones que tienen a nivel nacional e internacional”.
Disminución de homicidios
“Sabemos que los homicidios han bajado, es un hecho, y la percepción de seguridad también es distinta, pero no podemos permitir que el Estado se convierta en victimario y él que vulnere el derecho a la vida sustituyendo a las pandillas”, analizó Santos.
La directora del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), destacó en conferencia de prensa el descenso en el número de asesinatos en El Salvador, pero aseguró que el Estado no puede convertirse en uno de los principales agresores contra los derechos humanos.
El organismo destaca su “preocupación” ante una “tendencia del gobierno” para “invisibilizar o minimizar las violaciones generadas desde el Estado, difundiendo un discurso donde El Salvador se quiere mostrar como un país ejemplar en términos de políticas de seguridad y de recuperación de espacios y territorios”.
Agregó que “no podemos pensar que reemplazando victimarios es la manera que vamos a avanzar en nuestro país”.
Según el estudio, se registraron 243 muertes violentas en 2024, incluidos 114 homicidios intencionales reportados por la Fiscalía General de la República (FGR) y 114 muertes decesos al interior de centros penitenciarios según el Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Esto significa una disminución continua en la tasa de asesinatos por cuarto año consecutivo desde los 1,341 que se registraron en 2020 —22,2 por cada 100,000 habitantes— a 243 el año pasado, es decir, 4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Santos dijo que si coincidieran con el discurso del gobierno, el cual destaca continuamente una mejoría en la situación de seguridad y un descenso en la tasa de homicidios, “entonces el régimen de excepción como tal ha perdido su razón de ser”, porque no hay una razón grave que justifique su permanencia.