Entre enero y agosto de 2024 el Gobierno salvadoreño habría tomado más de 737 millones de dólares.
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) publicados este lunes, El Salvador elevó la deuda estatal con los fondos privados de pensiones en 737,6 millones de dólares hasta agosto pasado y llegó hasta los 10.231 millones.
Las cifras fueron retomadas por el BCR del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que detalló que la deuda pasó de 9.494,57 millones en diciembre pasado a 10.231,93 millones a agosto.
Supuestamente, estos recursos los estaría utilizando el Gobierno para el pago de pensiones de los jubilados del sistema abandonado a finales de la década de 1990. Estos se obtienen mediante títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) están obligadas a tomar, sin recibir intereses por cuatro años y luego con tasas por debajo del promedio de mercado.
El instrumento, llamado Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), suman desde abril de 2023 un total de 1.835,65 millones de dólares.
A esto se suman 8.396,28 millones de CFT, desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022.
Reportes de medios salvadoreños indican que la compañía financiera inglesa Barclays publicó un documento en el que habría manifestado sospechas de «que el sistema de pensiones está financiando al Gobierno a través de planes de préstamos a través del nuevo organismo de pensiones, ISP, y bancos comerciales».
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en El Salvador 8 de cada 10 personas adultas mayores «no tienen acceso a una pensión, y solo una de cada 4 personas que tienen un trabajo remunerado cotizan en el sistema previsional».