Nayib Bukele va para un segundo mandato consecutivo en la Presidencia de El Salvador, aunque con ello viole la Constitución.
La noche del domingo, el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) oficializó que Bukele será su candidato presidencial en las elecciones de 2024 tras realizar sus primarias, en las que fue el único en inscribirse para la Presidencia.
“Anuncio al país que oficialmente nuestro presidente Nayib Bukele ha sido elegido como el candidato a la presidencia del partido Nuevas Ideas para participar en las elecciones del 2024. Presidente Nayib Bukele, bienvenido a casa”, dijo el presidente del partido, Xavi Zablah al concluir las elecciones internas del partido oficialista, en las que también se hizo oficial la candidatura del vicepresidente Félix Ulloa.
Bukele recurrió a Twitter la noche del domingo para ratificar el anuncio, convocar a sus partidarios a las urnas y repetir una parte de su discurso que sus seguidores no entienden.
“Dicen los medios de (George) Soros que los salvadoreños no pueden decidir por sí mismos. Pero hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024 el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra. La democracia se escribe de abajo hacia arriba”, escribió Bukele.
La polémica de la posible reelección de Bukele
“La eventual reelección del presidente representa una grave afectación al Estado Democrático de Derecho, ya que implica una violación a normas constitucionales ‘pétreas’ que no pueden modificarse ni siquiera por reformas constitucionales”, advirtió la organización opositora Cristosal.
Agregó que el presidente se postuló “obviando” las prohibiciones constitucionales y “justificándose en una resolución de la impuesta Sala de lo Constitucional en un proceso de pérdida de ciudadanía que no tiene efectos vinculantes”.
Bukele anunció en septiembre que buscaría la reelección a pesar de que la Constitución prohíbe los mandatos consecutivos. En 2021, el máximo tribunal del país, cuyos miembros fueron designados por una Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo, dictaminó que Bukele podía buscar la reelección, una decisión que provocó la condena internacional, incluso de Estados Unidos.
La Constitución salvadoreña recoge que no pueden presentarse a las presidenciales «el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial».
Este punto implica que Bukele renunciaría a su cargo seis meses antes de que se celebren los comicios.
En este caso, la Asamblea Legislativa tendría que nombrar el primero y el segundo designado a la presidencia para que asuman la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.
Una constitución, dos interpretaciones
Según señalan varios especialistas, la Constitución salvadoreña tiene al menos seis artículos que prohíben la reelección inmediata del presidente.
La Corte Suprema de Justicia, impuesta por el gobierno de Bukele, emitió una resolución que autorizaba la reelección inmediata y ordenó en 2022 al Tribunal Supremo Electoral permitir «que una persona que ejerza la Presidencia de El Salvador y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión».
La Constitución Política de El Salvador, vigente, reza en el su artículo 154: «El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más».
Además el artículo 248 expresamente prohíbe enmiendas que obstaculicen la alternancia en el poder.
«No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República», se puede leer en este apartado.
El primer artículo de la Constitución al respecto es el más claro: es el artículo 88:
“La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos.
El Artículo 131 afirma que: “Corresponde a la Asamblea Legislativa:
16º- Desconocer obligatoriamente al Presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designará un Presidente Provisional.”
El artículo 152 establece que: “No podrán ser candidatos a Presidente de la República: 1º- El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.”
artículo claro es el 154:
“El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más.”
Y por último el artículo 75 habla que quien promueva la reelección “Pierde los derechos de ciudadano:
4º- Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin.”
¿Qué soporta a Bukele?
Bukele, un bachiller sin estudios superiores completados y empresario de 41 años devenido en político, asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019 tras arrasar en las presidenciales de ese año y romper con 30 años de bipartidismo entre el derechista ARENA y el izquierdista FMLN.
El buen manejo de la pandemia de Covid y su «guerra» contra las pandillas le ha granjeado al presidente una popularidad sin precedentes, goza de una intención de voto superior al 70% según recientes sondeos y repetidamente se le da una popularidad superior al 90% por parte de la población salvadoreña, a pesar de que ha sido señalado por diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por supuestas violaciones a los derechos humanos y por negociar privilegios con los delincuentes.
El mandatario y su actual vicepresidente aún deben inscribirse oficialmente como aspirantes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).