En un país donde las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan el motor económico, la promesa de mil millones de dólares para pagos anticipados y amortización de créditos internos parecía ser un alivio necesario. Sin embargo, la realidad ha demostrado que estas promesas no se han materializado, dejando a muchos preguntándose: ¿por qué?
El gobierno de Nayib Bukele ha sido criticado por su manejo de los recursos públicos y la falta de claridad en sus decisiones financieras. Aunque se han anunciado iniciativas ambiciosas, como el uso de bonos y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los fondos destinados a las MIPYMES y proveedores locales parecen haber quedado relegados. La falta de información pública sobre el destino de estos recursos genera dudas sobre si realmente están disponibles o si han sido redirigidos a otros proyectos, tales como la propaganda de Estado.
El Salvador ha enfrentado desafíos económicos significativos, incluyendo la controversia por la adopción de Bitcoin como moneda legal. Aunque el gobierno ha retrocedido en algunas de estas políticas para obtener financiamiento internacional, los costos asociados a estas decisiones han afectado la capacidad de cumplir con compromisos internos. Además, la deuda pública sigue siendo un obstáculo importante, limitando la flexibilidad financiera del país.
La falta de acceso a estos fondos prometidos ha dejado a las MIPYMES en una posición vulnerable. Sin pagos anticipados ni amortización de créditos, muchas empresas enfrentan dificultades para mantenerse operativas, lo que podría tener un efecto dominó en la economía local. Los proveedores, por su parte, ven comprometida su capacidad de cumplir con contratos y mantener empleos.
La promesa de mil millones de dólares para apoyar a las MIPYMES y proveedores locales es tan solo un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Sin acciones concretas y claras, estas promesas corren el riesgo de convertirse en simples palabras vacías. Es hora de que el gobierno priorice el bienestar de los sectores que sostienen la economía nacional y cumpla con los compromisos adquiridos.
El acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y El Salvador, aprobado en febrero de 2025, contempla un financiamiento de $1,400 millones bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), con una duración de 40 meses.
El primer desembolso, de solo $113 millones, se concretizará hasta en mayo y el resto según la supervisión del Fondo de que El Salvador cumpla los compromisos de política fiscal y monetaria, además del no uso de la criptomoneda Bitcoin, la cual sigue siendo comprada, a pesar de la prohibición, como estratégia por el gobierno de Bukele.
El FMI espera que este programa ayude a consolidar las finanzas públicas y atraer financiamiento adicional, elevando el paquete total de apoyo a más de $3,500 millones.