El anuncio del presidente Nayib Bukele sobre la adquisición de aproximadamente 1,090 bitcoins, valorados en unos 100 millones de dólares, volvió a abrir el debate sobre el origen de los fondos utilizados por el Estado para continuar ampliando su portafolio de criptomonedas. Según los cálculos del propio Gobierno, El Salvador acumula ya entre 7,400 y 7,500 BTC, una cifra que lo coloca como el Estado con más exposición directa a bitcoin a nivel mundial.
Falta de transparencia en las fuentes de financiamiento
Aunque el Gobierno publica periódicamente la cantidad de bitcoins en su posesión, no explica con la misma claridad cómo se financian estas operaciones. La legislación salvadoreña no exige que las compras de activos digitales sean reportadas con el mismo nivel de detalle que las transacciones fiscales tradicionales, lo que aumenta la incertidumbre sobre el origen de los recursos.
Organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), han señalado repetidamente que la contabilidad del Estado salvadoreño continúa registrándose en dólares, por lo que cualquier compra de bitcoin requiere necesariamente la utilización de reservas o liquidez en efectivo del Tesoro. Esto significa que el Estado está comprando criptomonedas con dólares provenientes de ingresos fiscales, reasignaciones internas o disponibilidad en las cuentas públicas.
Posibles fuentes de los fondos utilizados para la compra de bitcoin
1. Recursos en caja del Tesoro Público
El Salvador maneja liquidez diaria en cuentas fiscales que se utiliza para pagar gasto corriente. El Gobierno puede utilizar parte de esos recursos para adquirir activos financieros, incluyendo bitcoin, sin necesidad de pasar por una aprobación específica de la Asamblea Legislativa.
2. Reasignación de partidas presupuestarias
En años recientes el Ejecutivo ha hecho un uso constante de “modificaciones presupuestarias”, permitiendo mover dinero entre rubros sin afectar formalmente el presupuesto aprobado. Analistas señalan que este podría ser uno de los mecanismos más probables para financiar compras de bitcoin, dado el hermetismo oficial.
3. Bitcoin minado con energía geotérmica
El Salvador también obtiene bitcoins a través de la minería geotérmica. En 2024 se reportó que el país había minado más de 470 BTC. Aunque esa cifra es pequeña frente a compras de 100 millones, puede ser utilizada como flujo complementario o intercambiada por dólares.
4. Liquidez bancaria y operaciones internas de cartera
Dependencias estatales pueden recurrir a bancos locales para obtener liquidez temporal. Además, parte de los movimientos anunciados como “compras” podrían corresponder a reorganización de monederos estatales, aunque la última operación de 100 millones sí fue reportada como compra de mercado.
5. Diferencias entre el Gobierno y el FMI
El acuerdo firmado con el FMI a finales de 2024 establecía que El Salvador debía “limitar la exposición pública a bitcoin”. Sin embargo, las compras continúan. Eso ha generado tensiones y dudas sobre la sostenibilidad fiscal del país, especialmente en un contexto de alta volatilidad del mercado cripto.
Riesgos y efectos para las finanzas públicas
Volatilidad
El uso de fondos públicos para adquirir un activo tan volátil como el bitcoin implica que el valor de las reservas del Estado puede variar millones de dólares en cuestión de días. Esto eleva la incertidumbre sobre la estabilidad de las finanzas públicas.
Costo de oportunidad
Cualquier dólar utilizado para comprar bitcoin es un dólar que no se destina a inversión pública, programas sociales o reducción de deuda. Para analistas financieros, el Gobierno está priorizando una estrategia especulativa por encima del fortalecimiento de las reservas líquidas del país.
Transparencia limitada
La ausencia de reportes financieros detallados dificulta el escrutinio público. No existe un informe oficial que detalle cuánto dinero se usa para cada compra, ni de qué partidas proviene, ni cómo se afectan las cuentas fiscales a corto y mediano plazo.
Conclusión
La reciente compra de 100 millones de dólares en bitcoin coloca nuevamente en debate la estrategia financiera del Gobierno salvadoreño. Aunque existen varias rutas posibles para obtener los fondos, la falta de transparencia impide conocer con claridad cuál de ellas se utiliza y en qué proporción. Lo cierto es que la política cripto continuará generando riesgos fiscales, tensiones con los organismos internacionales y un amplio debate público sobre el uso de recursos estatales.
Fuentes clave consultadas
- Bloomberg: cobertura de la compra del 18-11-2025 y saldo oficial.
- Coindesk: informe sobre la adquisición de ~1.090 BTC y contexto.
- Fondo Monetario Internacional — evaluación y notas sobre contabilidad de bitcoin y las cuentas del Tesoro.
- Reuters: reportes históricos sobre minería y compras estatales; nota sobre acuerdo con el FMI.
- Coberturas de mercado y medios especializados sobre la transacción y las dudas sobre consolidación de carteras.