El viernes se cumplieron exactamente cuatro años desde que El Salvador decretó el régimen de excepción. El 27 de marzo de 2022, tras un fin de semana que dejó 87 personas asesinadas, el presidente Nayib Bukele solicitó la medida a la Asamblea Legislativa, que la aprobó a las 3:41 a.m. de ese domingo. Desde entonces ha sido prorrogada 49 veces de forma consecutiva.
Esta nueva prórroga extiende la medida hasta el 30 de abril de 2026 y fue aprobada con 57 de los 60 votos del Legislativo. La justificación oficial es «la aún existencia de grupos terroristas» cuya no erradicación «permitiría un retroceso a los logros obtenidos».
El balance es, a la vez, cuantioso y controvertido. El Gobierno reporta 91,628 capturas de supuestos pandilleros y colaboradores. Sin embargo, el propio Gobierno ha reconocido liberar a más de 8,000 personas sin vínculos comprobados con pandillas, y organizaciones humanitarias como Socorro Jurídico Humanitario señalan que la cifra real de fallecidos bajo el régimen puede superar el millar, oculta en juicios masivos sin garantías.
La prolongada vigencia del Régimen de Excepción ha consolidado un modelo de seguridad eficaz en la reducción de homicidios, pero al costo de debilitar principios fundamentales del Estado de derecho.
La suspensión sostenida de garantías constitucionales, concebida originalmente como medida temporal, se ha convertido en una política permanente de facto, generando preocupación por la normalización de prácticas extraordinarias como detenciones sin orden judicial y limitaciones al debido proceso.
Aunque el gobierno de Nayib Bukele sostiene que los resultados en seguridad justifican la medida, el riesgo central radica en que la eficacia operativa no sustituye la legalidad institucional. La ausencia de controles independientes robustos y la limitada transparencia en los procesos incrementan la posibilidad de abusos y erosionan la confianza en el sistema judicial.
En términos periodísticos, el dilema no es si el régimen funciona, sino si un país puede sostener indefinidamente la excepción sin comprometer la normalidad democrática.