Por Luis Vazquez-Becker.
La clase política se ha enfocado en un agrio debate sobre la aprobación de la Ley General de Aguas, de la que dependería, de ser aprobada, el abastecimiento del precioso líquido de toda la población.
La derecha, respetuosa de la Constitución, mantiene un no, rotundo, a la privatización de la gestión del agua por razones constitucionales, pero sostiene que, debido a los actos de corrupción en los que los últimos gobiernos se han visto implicados y a que la actual Administración Hídrica deja mucho que desear, lo más saludable es que, además del Estado y las municipalidades, la Empresa Privada y la Sociedad Civil deben estar presentes en la gestión, sin embargo, nunca por encima de la representación estatal, que es la que vela por el interés de las verdaderas mayorías.
La izquierda, por su parte, ante la nueva debacle que sufre por el caso «Saqueo Público», un robo tan aberrante, lanzó a las calles, agresivamente, el debate de la privatización del agua, con el que pretende convertir el asunto en una «Cortina de Humo»
De inmediato se coordinaron los «grupos de masa», la Universidad Nacional, la UCA, la Iglesia Católica, bajo las órdenes del Cardenal Rosa Chavez y todo grupúsculo que tiene capacidad de convocatoria para provocar desordenes o ruido mediático.
Mientras esta, léase el FMLN, ha estado en el poder ya más de nueve años, nunca hizo nada por la aprobación de una normativa igualitaria que beneficie, en primera instancia a la población de las zonas más desfavorecidas, ni al resto de la población, dejando el asunto dormir el «sueño de los justos».
Las diferentes propuestas que llegaron a la Asamblea Legislativa para regular el uso de este recurso fundamental, durmieron en los cajones de algún despacho por nueve años, dando paso a otros asuntos, al parecer, más importantes ideológicamente.
Tanto la Empresa Privada, como abogados constitucionalistas y la oposición política del país han sido enfáticos en que no existe privatización alguna, sino una correlación de fuerzas con interés en el asunto hídrico.
El diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, ha asegurado hasta el cansancio que «no hay ningún proyecto de privatización del agua», sino que se busca que «(el agua) llegue a todos sin distinción y que haya organismos técnicos que administren bien el recurso y no respondan a intereses particulares».
Así el discurso tricolor, con el respaldo de Concertación Nacional (PCN), la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), todas formaciones de oposición, ha intentado desenmascarar la estrategia del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para controlar los daños provocados por su expresidente, Mauricio Funes Cartagena, al robar más de 351 millones de dólares del erario nacional.
Pero aún más allá, aparece el martes, de repente, el candidato a la presidencia por parte de los republicanos, Carlos Calleja; quien de la mano con el presidente del partido que pretende sentarlo en la silla presidencial, Mauricio Interiano, presentan una posición clara y rotunda: «ARENA cree que no se puede entregar a la ANEP el control del agua en el país»
Con esta declaración, la estrategia del oficialismo para distraer la atención de la población del descarado robo de «Mauricio Funes y compañía» se viene abajo, a pesar que se espera que los grupos de masas, la UCA, la Iglesia y otras organizaciones van a seguir repicando, aunque ya sin argumentos.
La izquierda por su parte, apoyada por periodistas asalariados desde la Casa Presidencial, se burlan e intentan vender las cosas al revés, que el destape de la malversación de fondos del Estado y el respectivo robo de cientos de millones de dólares por parte del expresidente Mauricio Funes es una «cortina de humo» creada por la derecha, con el apoyo de la Fiscalía, para aprobar una Ley de Agua que beneficie al sector privado. Nada más sin sentido
Así, las dos posiciones políticas predominantes en el país pretenden manipular sus conveniencias de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2019. ARENA ha tomado la delantera el poner en perspectiva constitucional el debate del agua, la izquierda hace hasta lo imposible por ocultar, o minimizar la corrupción de Funes, que daña gravemente al oficialismo para dichos comicios. Están atrasados, hay que esperar el nuevo movimiento oficialista.