La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha resuelto más de 1.700 recursos de habeas corpus en los que se solicita libertad para personas inocentes detenidos bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y presentados con el acompañamiento de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), según trascendió el lunes.
Así lo indicó a periodistas Ingrid Escobar, directora del SJH, quien señaló que han interpuesto 1.750 recursos para liberar a personas detenidas arbitrariamente.
La cifra es parte de los más de 6.000 recursos relacionados con el régimen de excepción que se han presentado ante la Sala de lo Constitucional. En 45 de los casos presentados por el SJH se ha declarado improcedencia y en uno se ha nombrado a un «juez ejecutor».
«Ni el 1 % de los procesos de habeas corpus presentados han sido contestados en el país, principalmente en la Sala de lo Constitucional, donde hay jueces impuestos», agregó Escobar.
Los cuestionados jueces de la Sala de lo Constitucional
Los actuales magistrados de dicha Sala fueron nombrados por la Asamblea Legislativa, cuando el gobierno de Nayib Bukele logró mayoría oficialista, tras la destitución de sus antecesores en un proceso que no siguió lo establecido en la ley, según analistas. Entre estos magistrados -que abrieron la vía para la reelección inmediata de Nayib Bukele a la Presidencia- se encuentran exasesores del actual Gobierno y exabogados de altos funcionarios gubernamentales.
Por otra parte, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) pidió este lunes al legislativo que apruebe un decreto para otorgar la libertad condicional a personas detenidas durante el régimen de excepción que padezcan enfermedades crónicas y terminales, para evitar su muerte en prisión.
Medio centenar de personas, que defienden la inocencia de sus familiares y exigen su liberación, marcharon en las calles de San Salvador hasta la sede de la Asamblea Legislativa.
El dirigente del MOVIR, Samuel Ramírez, dijo a periodistas que el decreto transitorio que proponen busca que estas personas sigan el proceso penal, pero que tengan atención médica. Añadió que, entre las enfermedades «más comunes» detectadas en las cárceles, hay insuficiencia renal y anemia profunda, entre otras.
El documento fue recibido por diputados de las fracciones legislativas de los partidos de oposición Vamos, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Tras una escalada de violencia que se cobró la vida de más de 80 personas en marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales, a petición del Gobierno de Bukele, por medio del régimen que se ha extendido en 21 ocasiones por períodos de 30 días.
De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75.100 las detenciones de personas a las que el Gobierno acusa de pertenecer a pandillas, o de colaborarles, y de las que más de 7.000 habrían salido en libertad condicional.
Pero el Gobierno de Nayib Bukele insiste que aún se encuentran libres al menos 20 mil pandilleros, lo que haría necesario unos 27 años para capturar a todos los fareros de mantenerse el promedio de 2 capturas diarias que realizan las autoridades de Seguridad.
Las organizaciones humanitarias registran más de 6.000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas.
A juicio de Amnistía Internacional, esta medida ha llevado al país a una de «sus peores crisis» de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.
Según medios noticiosos digitales, la escalada de homicidios que dio pie al régimen de excepción se cobró la vida de más de 80 personas en tres días fue producto de una la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno de Nayib Bukele y las denominadas maras.