La Fiscalía General de la República anunció que investiga a la empresa Credicash por operar un presunto esquema piramidal que habría movido al menos $51 millones. El principal imputado es el empresario del transporte Gerson Adriel Orellana Ayala, señalado de defraudación a la economía pública mediante captación ilegal de fondos y lavado de activos.
El mecanismo era tan simple como devastador. El fiscal general Rodolfo Delgado explicó: «Este dinero que se paga como ganancia no proviene de ningún negocio real; no hay un flujo de caja de esta empresa que genere las ganancias necesarias para poder ir cumpliendo con las obligaciones contraídas. El pago surge de otras personas que se van sumando al esquema piramidal. Los nuevos participantes, sin saberlo, están pagando a los anteriores inversores, a los más antiguos.»
La FGR observó que Credicash realizaba préstamos a terceras personas a un interés del 5% mensual y, al mismo tiempo, prometía pagar a sus inversionistas un interés del 10% mensual. «Haciendo una operación matemática simple, no concuerda o no hay una lógica financiera adecuada que respalde la forma en la cual Credicash iba a poder cumplir con sus obligaciones», dijo Delgado.
Las cifras del operativo
La suma incautada está compuesta por $27,550,750 en efectivo y $11,023,972 en cuentas bancarias. En la sede central de Credicash en Chalatenango se hallaron $20,244,419; en la residencia de Gerson Orellana se encontraron $7,269,198 en efectivo y 2,140 quetzales. Además, se intervinieron 47 inmuebles y 175 vehículos asociados directamente al imputado.
El análisis financiero presentado muestra que solo en concepto de intereses, Orellana debía abonar $3.8 millones cada mes, lo que habría significado para marzo de 2027 un desembolso acumulado de $47.6 millones en intereses adicionales al capital original. La deuda global proyectada por la estructura piramidal ascendía a $83.6 millones para ese año.
Los vínculos que preocupan
La investigación involucra a Gerson Orellana, señalado con antecedentes de vinculación con la MS-13, quien habría utilizado la financiera para canalizar préstamos hacia comerciantes informales del mercado local. La investigación determinó además que se utilizaban contratos firmados ante notario para aparentar legalidad, lo que llevó a muchas personas a creer que su dinero estaba seguro.
Las víctimas y lo que sigue
El impacto humano es difícil de cuantificar, pero el fiscal fue elocuente. Delgado señaló: «Entendemos la urgencia, pues algunas personas vendieron sus inmuebles para destinarlos a Credicash bajo la esperanza de tener los rendimientos que había ofrecido esta persona. Entendemos la urgencia, pero también quiero que entienda la población que la improvisación solo genera más injusticia.»
La Fiscalía habilitó un centro especializado para procesar documentos, contratos y registros financieros, con el objetivo de identificar a las víctimas, reconstruir operaciones y sostener judicialmente un caso de alta complejidad. Las personas afectadas pueden presentar su denuncia en cualquier sede de la FGR.