El juez federal que investiga los polémicos vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos a El Salvador, incluso después de que él ordenara el regreso de los aviones, calificó el viernes a los abogados del gobierno de Donald Trump de “intemperantes e irrespetuosos”.
El juez James Boasberg prometió esclarecer si el gobierno desacató su orden judicial para bloquear la deportación, y que el Ejecutivo realizó en el marco de una ley del siglo XVIII ideada para tiempos de guerra.
“Investigaré a fondo si violaron mi orden: quién ordenó esto y cuáles serán las consecuencias”, declaró Boasberg durante una audiencia por una demanda que impugnó las deportaciones.
La tensión ha ido en aumento desde que se realizaron los polémicos vuelos el pasado fin de semana y los abogados de la Casa Blanca se negaran a ofrecer la información solicitada por el magistrado.
Boasberg le dijo el viernes al fiscal general adjunto, Drew Ensign, que no recordaba de hecho haber escuchado jamás, en todos sus años de experiencia, a los abogados del gobierno dirigirse a él de la forma en que el Ejecutivo lo había hecho en este caso.
El juez dijo, además, que suele recordar a sus asistentes legales que las características más valiosas en su trabajo son “su reputación y su credibilidad”.
“Solo le pediría que se asegure de que su equipo mantenga esa lección”, dijo Boasberg a Ensign.
Boasberg aseguró que no pretende bloquear las facultades de Trump en materia de exteriores y seguridad nacional, pero afirmó que debe existir la posibilidad para un posible deportado de impugnar dicha operación, incluso en casos que el gobierno ha calificado de “terrorismo”.
La Casa Blanca realizó la operación alegando que los más de 200 inmigrantes deportados son miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, pese a que ninguno ha sido acusado ni condenado.
De acuerdo a la base de datos del poder judicial, de 200 nombres de inmigrantes venezolanos deportados a El Salvador, solo 11 aparecen con antecedentes criminales.
Boasberg expresó su preocupación por el “uso sin precedentes y ampliado” que Trump está haciendo de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, y que podría tener implicaciones políticas “terriblemente alarmantes”.
Dijo que, con base en los argumentos presentados por los abogados del Departamento de Justicia, un presidente podría alegar “que cualquiera está invadiendo Estados Unidos”.
Trump asegura que el juez Boasberg “no tiene ni idea de lo que ocurre”
Horas antes de la audiencia, Trump aseguró que su gobierno tiene la autoridad para “expulsar a la gente mala de nuestro país”.
“No se puede impedir eso con un juez sentado tras un estrado que no tiene ni idea de lo que ocurre, y que además es un lunático de la izquierda radical”, declaró el presidente, repitiendo un insulto que ya había utilizado días antes contra Boasberg.
Funcionarios del Departamento de Justicia repitiéron al juez que los responsables del gobierno están debatiendo si invocar o no el “privilegio de secreto de Estado” para evitar responder a algunas preguntas del juez sobre los vuelos de deportación.
Boasberg ordenó al gobierno de Trump que proporcionara más detalles sobre los vuelos o alegara que divulgar la información perjudicaría “secretos de Estado”.
El gobierno republicano se ha resistido en gran medida a la solicitud del juez, llegándola a calificar de “pesca judicial innecesaria”.
El jueves, Boasberg calificó sus respuestas como “lamentablemente insuficientes”, lo que aumenta la posibilidad de que pueda acusar a funcionarios del gobierno de desacato.
El gobierno de Trump envió a cientos de inmigrantes venezolanos a El Salvador bajo la ley del siglo XVIII. Los vuelos estaban en el aire el sábado pasado cuando Boasberg, oralmente desde el estrado, emitió una orden que prohibía temporalmente las deportaciones y ordenó que los aviones regresaran a EE.UU.
El Departamento de Justicia alega que las instrucciones orales del juez no eran válidas, que solo se debía seguir su orden escrita y que esta no podía aplicarse a vuelos que ya habían salido del país.
Trump y muchos aliados republicanos han pedido que se inicie un juicio político contra Boasberg, quien fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama.
En una inusual declaración a principios de esta semana, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que “el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial”.