El Gobierno de Luis Guillermo Solís ordenó a los ministerios detener «todas» las contrataciones de bienes y servicios que se financien con recursos internos, como parte de las medidas para afrontar la crisis de liquidez en las finanzas públicas.
Según la orden presidencial, todo proceso de compra que no haya empezado debe quedar suspendido, sin importar si se trataba de una contratación directa o de licitaciones abreviadas, públicas o internacionales.
En cuanto a los procesos que ya estaban en marcha, en recepción o en análisis de ofertas por ejemplo, el ministro de cada cartera deberá decidir si procede frenarlos o si son indispensables.
La medida afecta, por ejemplo, la compra de vehículos, la contratación de consultorías, el alquiler de edificios y la adquisición de cualquier tipo de equipo e insumos.
Si se producen fuertes debates sobre la necesidad de ciertas contrataciones, la última palabra la tendrá el presidente Solís.
El mandatario consignó la orden en el decreto que firmó la semana pasada, el mismo día que anunció, en cadena nacional, que su administración tiene problemas de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales a la ciudadanía.
La orden no incluye aquellas contrataciones que se financian con préstamos internacionales. Tal es el caso de las escuelas y los colegios que se construirán con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la ampliación del tramo Limonal-Cañas en la carretera Interamericana norte.
En el decreto, se insta a las entidades autónomas y demás poderes de la República para que apliquen la misma medida en aras de combatir el deterioro en las arcas del Estado, en razón de que el exceso de gastos sobre los ingresos equivalió a un 5,2% del producto interno bruto (PIB) en el 2016 y de que el Banco Central estima que subirá a un 6,6% en el 2018.
Para este año, el Gobierno Central tiene un presupuesto de casi ¢411.000 millones para compras de bienes y servicios, lo que equivale a un 1,2% del PIB. Sin embargo, las instituciones descentralizadas constituyen el mayor comprador del sector público, con un presupuesto de ¢4,8 billones, es decir un 15,5% del PIB, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República.
Estas partidas, sin embargo, suelen tener un alto nivel de subejecución. Del 2010 al 2015, por ejemplo, solo se ejecutó un 57,1% de lo previsto.
El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, encargado de velar por los ingresos del Estado, confirmó la medida sobre la detención de compras. Él prevé que entrará en vigor el martes o el miércoles de la próxima semana, tras la publicación en el diario oficial La Gaceta.
«Se ordena revisar los procesos de contratación, adquisiciones, etcétera, para detener los que no han iniciado y tratar de revisar los que ya están en camino para ver cuáles pueden detenerse, digamos, algunos procesos de licitación que no se hayan adjudicado, ver si no se adjudican».
«Es una medida que busca evitar una disminución de ingresos por una vía y un ahorro de gastos por otra, y tratar con eso de disminuir la presión que hay sobre el financiamiento del gasto para lo que queda del año», expresó Rodríguez.
«Se establece que todas (las contrataciones serán detenidas) y, a partir de ahí, se analizará cuál de esas contrataciones puede exceptuarse y llevarlas adelante (…). Dependerá de la justificación que den (los ministerios), o si se trata de una emergencia, o de una obligación ineludible. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo está contratando un espacio físico donde opere el personal encargado de ver las obligaciones de la Ley Procesal Laboral, probablemente no se podrá detener, habrá que revisar», aseguró el viceministro.
Sobre las contrataciones que sí pueden continuar, porque se financian con recursos externos, afirmó: «En esos casos no hay problema porque ya tienen el financiamiento».
Liberan superávits para financiar gasto corriente
Fernando Rodriguéz dijo que este decreto presidencial incluye al menos otras cinco medidas, cuatro de ellas ya fueron anunciadas por el presidente Solís en la cadena nacional.
Ese día, no mencionó que se le indicó a las entidades autónomas que tengan superávit libre, de años anteriores, que pueden utilizar esos recursos para financiar cualquier tipo de gasto y no solo para inversiones.
«La idea es que no acumulen esos superávits y nos vengan a pedir más recursos porque antes tenían la restricción de que solo se puede utilizar esos recursos para gasto de capital. Resulta que muchas tienen necesidades de financiar algún gasto corriente adicional, tiene recursos de superávits anteriores, pero igual vienen a nosotros a pedirnos más plata. La idea es que usen todo lo que tengan antes de venir a pedir recursos adicionales, porque no tiene sentido que estén acumulando recursos de superávits y vengan a pedirnos a nosotros más recursos vía transferencias», detalló el jerarca.
El martes, Solís si mencionó estas otras cuatro medidas que también forman parte de este mandato presidencial:
-Ordena a la Tesorería Nacional priorizar el pago de la deuda pública, los salarios y pensiones del Gobierno central, en segundo lugar, las transferencias conforme su urgencia social y después el resto de las obligaciones.-Elimina la posibilidad de que se permitirán modificación presupuestaria, vía decreto, que impliquen más erogaciones.
-Elimina la posibilidad de que se realicen nuevas solicitudes de avalúos para comprar o alquilar propiedades con recursos del Presupuesto Nacional, excepto aquellas destinadas a obra de infraestructura.
-Establece una moratoria en las declaratorias de actividades de interés público que impliquen exoneraciones fiscales.