La Comisión Permanente del Congreso de Honduras designó el miércoles al nuevo fiscal general del Estado y a su fiscal general adjunto, entre denuncias de la oposición y otros sectores que aseguran se ha cometido una presunta ilegalidad.
Como nuevo fiscal general fue designado Johel Zelaya, y como adjunto Mario Morazán, ambos de manera interina, según el presidente del Legislativo, Luis Redondo.
Los dos nuevos fiscales debieron haber asumido el pasado 1 de septiembre, pero no fue posible por la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas del Congreso, en el que el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) solo cuenta con 52 votos de los 86 que se requieren como mayoría calificada.
Mientras, las tres principales fuerzas de oposición, los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras, juntos suman 72, de los 128 diputados que integran el Legislativo.
Las sesiones ordinarias en el Congreso estaban suspendidas desde el 31 de agosto, pero el presidente del Legislativo ayer nombró una Comisión Permanente para que pudiera continuar con las sesiones ordinarias desde el 1 de noviembre al 24 de enero de 2024, tras un incidente violento en el exterior de ese poder del Estado, que dejó varios lesionados.
Los disturbios se dieron ante el rechazo de las fuerzas de oposición a las acciones del titular del Parlamento y tras ello, los 72 diputados opositores se autoconvocaron en una sesión para ampliar el período de sesiones ordinarias, debido a que el período oficial había finalizado.
Analistas consideran que hay ilegalidad en las elección de los dos nuevos fiscales, porque como fiscal general interino venía ejerciendo Daniel Sibrián, quien era el adjunto hasta el 31 de agosto, pero el titular del Congreso nunca lo reconoció.
El exfiscal general del Estado Óscar Chinchilla, viajó a inicios de septiembre a Nicaragua para asumir como nuevo magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, que integran ese país, Guatemala, El Salvador, Belice, Panamá, Costa Rica y Honduras.