La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó el miércoles a El Salvador a brindar una «reparación integral» a las víctimas de presuntos atropellos en el marco del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales.
En su informe de país Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador, la CIDH recomendó las medidas de reparación y «garantías de no repetición».
La CIDH propuso «elaborar e implementar un plan de reparación integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las detenciones del régimen de excepción, considerando la perspectiva de género y la interseccionalidad de otros factores de vulnerabilidad y discriminación».
El organismo apuntó que esta recomendación se da ante «las denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como de otras violaciones de derechos en las instancias de administración de justicia y espacios de privación de la libertad». La entidad indicó además que es necesario «identificar las circunstancias que generaron ese cuadro de presuntas violaciones, las posibles responsabilidades institucionales e individuales».
La muerte de personas bajo custodia estatal
La CIDH también urgió a investigar la muerte de civiles a manos de fuerzas de seguridad o bajo custodia estatal, además de las que «pueden constituir actos de tortura, con el fin de establecer los hechos y determinar las responsabilidades penales o de otra naturaleza que correspondan».
El ente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también llamó a «poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción», entre las que se encuentran la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
El polémico régimen de excepción de El Salvador
El Congreso de El Salvador aprobó la suspensión de garantías constitucionales a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas. La medida se ha extendido en 30 ocasiones por períodos de 30 días y ha dejado la detención de más de 81.900 personas, de las que se han libertado más de 7.000.
Este régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le consiguió al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos -principalmente por detenciones arbitrarias y torturas- y reportan más de 300 muertes bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.