Ciertamente este período en que ya tenemos presidente electo, pero que aún no toma posesión del cargo, no deja de crear incertidumbre en la población en general, pero aún más en quienes de alguna forma, tienen alguna relación estrecha con la administración pública debido a vínculos directos o indirectos, con quienes de una forma u otra afectarán su existencia, tales como altos funcionarios, o empleados públicos, contratistas del estado, o incluso gobernados, afectados por las nuevas políticas del nuevo gobierno, que parecieran afectar desde ya, con el simple hecho de expresar opiniones de parte de supuestos nuevos funcionarios que arribarán a nuevos cargos oficiales.
Uno de los temas que desde ya se escuchan con mucha insistencia es el de implementar una CICIES o sea una COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN EL SALVADOR. Al respecto, cabe señalar que en la vecina Guatemala, se ha tenido la experiencia de una comisión similar (la CICIG), y que al principio, pareciera que produjo excelentes resultados, pues condujo a la cárcel a un presidente y a una vicepresidenta, pero posteriormente, tomo demasiadas ínfulas, y pretendió sobrepasar la soberanía de la nación, al grado de que al legítimo gobierno de la hermana república, dispuso la expulsión de sus miembros, por altaneros, y ordenó su cancelación antes del vencimiento del plazo para el que había sido nombrado, a lo cual el organismo internacional del cual dependía, se opuso, y se negó a acatar, lesionando de esa forma la soberanía del hermano país, y vulnerando de esa forma su legislación primaria, entiéndase su Constitución Política.
En nuestro país, recordamos con tristeza, que en tiempos de la fatídica guerra civil, se instauró como pretendida solución política a determinados casos de violación a determinados derechos humanos, una cuestionada Comisión de la Verdad, que investigaría determinados casos de abusos de las fuerzas en conflicto, pero a juicio de muchos, con determinada tendencia a favor de uno de los sectores confrontados, según se pudo observar en el informe final.
Esta comisión, también se consideraba superior a la legislación nacional, y finalmente, al terminar su trabajo, se “lució” al presentar su informe ante el gran país del norte, quien costeaba los gastos de la misma.
Para el caso presente, y ante la oferta presente al ahora presidente electo de instalar una CICIES en nuestro país, creemos que es una excelente idea, siempre y cuando se desarrolle bajo condiciones de respeto a nuestra soberanía y leyes, y se someta a las autoridades judiciales de nuestro país, tales como jueces y fiscalía. Además, deberá investigar todas las actividades cuestionadas y cuestionables de cualquier funcionario de gobierno, incluyendo a quien ahora es presidente electo, en sus actividades de ex funcionario pasado, como ex alcalde en dos municipios.
Porque definitivamente se reconoce que hay obras positivas en su gestión, también hay grandes obras cuestionadas en otras que no han dejado clarificadas al gusto de los contribuyentes. Qué mejor aval para el presidente electo que una CICIES le otorgue un finiquito de su gestión en las Alcaldías que gobernó antes de optar a la primera magistratura de la nación.
Por eso, los salvadoreños confiamos que este período previo a la toma de posesión para el nuevo mandato, el grupo de gobierno entrante, debe depurarse y la comisión designada para entregar ordenadamente el poder el primero de junio, debe también ordenar sus cuentas y documentos a efecto de que la transición no deje complicaciones ni dudas de haber ejercido un gobierno sano limpio y de buena fe. En todo caso, se podrá comprender que la línea de gobernar puede ser diferente de un gobierno a otro, pero lo que no es permisible es que exista corrupción, pasada ni futura. De ahí que se deberá ser muy cuidadoso de no elaborar una estaca para presentarla a la CICIES, si a la larga, nos sentarán en ella.