Afectados del caso Cooperativa Santa Victoria, COSAVI, mantuvieron el domingo una reunión general de afectados para analizar las posibles acciones que podrían tomar en el caso de la negativa de los funcionarios involucrados en el caso y que no están haciendo sus labores para rescatar el ahorro de los afectados.
Bajo la dirección de una junta directiva nombrada por los afectados, se observaron las posibles razones para que los funcionarios del Ejecutivo se nieguen a realizarlos respectivos oficios para solucionar un caso que podría tener efectos negativos en la red de cooperativas del país y ulteriormente hasta en la banca nacional.
El presidente de la junta directiva, Pablo Bracamontes, desmintió a la Superintendencia del Sistema Financiero que dio declaraciones falsas con respecto a que se estaban cubriendo ya los depósitos de los afectados hasta los $20,000 afectados y que estos eran la mayoría de los afectados.
Es necesario advertir que la mayoría de personas afectadas cuentan con los depósitos en COSAVI que representan el ahorro de toda una vida y que son superiores a lo dicho por la Superintendencia.
Bracamontes explicó que, en su trayectoria como profesional en el mundo industrial y que no tiene interés alguno en incursionar en la política, además su capacidad de liquidez y utilidades lo muestran como una persona correcta y transparente, lo que le permitió buscar alternativas de inversión, llevando sus ahorros a la cooperativa.
Desde el mes de mayo que se intervino COSAVI, los afectados no puede realizar su dinero ni tampoco estos están generando intereses, a pesar que en los manejos de las instituciones de gobierno afectados si están recibiendo réditos.
“Precisamente el 9 de mayo, los depósitos a plazo dejaron de percibir intereses, a pesar de que la cooperativa sí está cobrando intereses por los préstamos, que tiene sobre 189 millones de dólares que hablan los estados financieros de la memoria de labores que está hasta el 2023”, explicó recientemente en una entrevista televisada Bracamontes.
Los afectados mostraron una gran preocupación debido a que, a pesar de haber buscado una reunión con diputados oficialistas en la Asamblea Legislativa, estos se han negado a recibirlos, así con la Superintendencia y la Fiscalía General de la República, que no los reconocen como parte afectada y se niegan a escucharlos.
La Asamblea Legislativa, con amplia mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), se negó el pasado martes de conocer en su sesión plenaria una propuesta para la creación de un fideicomiso para apoyar a las víctimas de un millonario desfalco y de los fondos que han sido apropiados por el Estado salvadoreño sin respetar las leyes salvadoreñas.
A inicios de mayo de 2024, la Fiscalía salvadoreña informó sobre el inicio de una investigación contra personal y directivos de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria por el desfalco de unos 35 millones de dólares de sus asociados.
COSAVI tiene 230 millones de dólares en activos, propiedad de los afectados, quienes piden se cree un fideicomiso con la banca nacional y que esos 230 millones en activos -que se ha apropiado la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)- sean los que se pongan de garantía para devolver el dinero a las personas afectadas.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, aceptó que «altos ejecutivos de esta entidad desviaron aproximadamente 35 millones de dólares, que fueron sustraídos periódicamente y de manera ilegal del patrimonio de la cooperativa para beneficio propio». En este desfalco estarían involucradas 32 personas, incluidos 8 directivos.
Delgado indicó en mayo que, con esta operación, «algunos de los directivos incrementaron sus patrimonios personales» y que «parte de ese dinero fue enviado hacia el extranjero». La Fiscalía explicó que COSAVI «estaba en proceso de convertirse en banco cooperativo» y que destinó «un equipo de profesionales con el objetivo de velar por la recuperación de los fondos».
Expertos y abogados consultados muestran preocupación por el rol fiscal en el caso, ya que al tipificar los delitos a los acusados, podría creerse en la apropiación de los bienes adquiridos con la sustracción de fondos de la Cooperativa por parte del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), despojando a COSAVI de bienes propiedad de los socios afectados a favor del Estado.