La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador encontró culpable por enriquecimiento ilícito de $267,792.14 al expresidente de la Asamblea Legislativa (2011-2015) por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Sigfrido Reyes y su esposa, Susy Melba Rodríguez.
La Cámara encontró inocente al hijo de Reyes, Damián Reyes Rodríguez, a quien se le había demandado por no poder justificar $750 en la adquisición de un vehículo.
Reyes fue también inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.
Según una fuente fiscal, Reyes no logró «desvanecer todas la irregularidades que le fueron cuestionadas» y que se habrían detectado en una investigación de sus declaraciones patrimoniales al dejar de ejercer cargos públicos.
Inicialmente, la Fiscalía demandó a Reyes, por orden de la Corte Suprema de Justicia, por el enriquecimiento ilícito de $459,714 dólares, al igual que su esposa e hijo, a quienes se les cuestionó el origen de unos $13,000 dólares.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó originalmente a Reyes por viáticos que eran reclamados como enriquecimiento ilícito, lo que fue deshechado en el juicio, además, el abogado del acusado, Pedro Cruz, explicó a periodistas que la Cámara disminuyó la cifra reclamada en un 45 % principalmente en total.
El expresidente del Congreso, guerrillero durante la guerra civil (1980-1992) y miembro del Partido Comunista Salvadoreño, que junto a otras organizaciones insurgentes formó el la guerrilla del FMLN, fue diputado entre 2006 y 2015.
Posteriormente fue presidente del estatal Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa).
Reyes se encuentra asilado en México y la Interpol se negó a ejecutar una orden de captura en su contra por un proceso penal con vistas de persecución política.
En marzo pasado, también fue condenada civilmente la expresidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña y a su hija, Ana Virginia Guardado, al pago de más de $150,760 dólares también por enriquecimiento ilícito.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema esta supuesta a recoger las declaraciones patrimoniales de los funcionarios al tomar posesión de sus cargos y al concluir la gestión para determinar si existen irregularidades o indicios de enriquecimiento ilícito.
Estos análisis han derivado en procesos civiles y penales en los que han sido condenados altos funcionarios, como los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014).
Durante la acrual administración de Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa, no se han recibido las declaraciones patrimoniales sin consecuencia alguna para los funcionarios.