Por Luis Vazquez-BeckerS
Este jueves 3 de abril, El Salvador cruzará un umbral que durante décadas su propia Constitución prohibía cruzar. Entrará en vigor la prisión perpetua para quienes sean condenados por homicidio, terrorismo, violación y feminicidio, tras la reciente reforma del Artículo 27 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial el 26 de marzo. La reforma constitucional convierte al país centroamericano en uno de los pocos en la región con este tipo de sanción para delitos graves.
El camino que recorrió esta reforma fue inusualmente breve. El presidente Nayib Bukele presentó la iniciativa al Congreso el 17 de marzo de 2026, apenas horas después la Asamblea la aprobó con 59 de 60 votos. La ratificación —que en el sistema constitucional anterior habría requerido una segunda legislatura— se consumó una semana después, el 26 de marzo, con 58 votos, gracias a la reforma constitucional exprés aprobada en enero de 2025 que permite modificar la Carta Magna en una misma legislatura.
La nueva redacción del inciso segundo del artículo 27 es escueta y definitiva: «Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas.»
Lo que cambia en el sistema penal
Hasta ahora la condena máxima en El Salvador era de 60 años de prisión, con mecanismos de reducción de sentencia. La reforma elimina ese techo y, con él, cualquier horizonte de salida para los condenados por los delitos señalados.
Los cambios no se limitan al Código Penal. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres también fue modificada. Las reformas a los artículos 45 y 46 exigen que el feminicidio y el feminicidio agravado sean castigados con cadena perpetua, reemplazando las penas anteriores que iban desde 20 hasta 50 años. Además se introduce una jurisdicción especializada en género para aplicar estos nuevos tipos penales.
La Ley Especial Contra Actos de Terrorismo también fue reformada: la pena para los miembros de pandillas pasó de un rango de 15 a 20 años a uno de 20 a 30 años, y para los líderes, cabecillas u organizadores la condena se eleva a entre 40 y 60 años.
La dimensión más polémica: menores desde los 12 años
El aspecto de la reforma que mayor rechazo internacional ha generado es la extensión de la cadena perpetua al sistema penal juvenil. La nueva normativa permite la imposición de la prisión perpetua a menores de edad a partir de los 12 años por delitos graves como terrorismo, homicidio agravado o violación. Con la reforma, cuando la infracción esté tipificada con prisión perpetua en el Código Penal, los jueces deberán imponerla de manera obligatoria.
Hasta este momento, la Ley Penal Juvenil preveía internamientos máximos de 10 a 20 años para delitos graves. La reforma introduce una revisión obligatoria de la pena perpetua para menores al cumplir 25 años de reclusión, pero los adolescentes condenados cumplirán sus penas en centros penitenciarios de adultos, con separación por edad.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, fue contundente: la reforma «contradice» los estándares internacionales y representa un retroceso en el sistema penal juvenil. Añadió que permitir revisiones después de 25 años no garantiza oportunidades reales de reinserción.
El contexto: el país con más presos del mundo
La reforma llega en un momento en que el sistema penitenciario salvadoreño enfrenta cuestionamientos sin precedente. Según el World Prison Brief, El Salvador, con unos 1,700 prisioneros por cada 100,000 habitantes, tiene la mayor población carcelaria del mundo.
La organización Socorro Jurídico reportó que al menos 500 detenidos han muerto bajo custodia estatal y aseguró que el 94% no tenía perfil de pandillero. Un grupo de juristas internacionales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los presuntos «crímenes de lesa humanidad» del gobierno abarcan «tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos».
El gobierno rechazó estos señalamientos de forma frontal. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, calificó a las organizaciones de derechos humanos de «demonios que representan la maldad, la pobreza y la inseguridad». Por su parte, Bukele acusó a esos grupos de ser «bufetes legales internacionales del crimen».
¿Funciona la cadena perpetua como disuasivo?
La pregunta que la criminología lleva décadas intentando responder obtiene una respuesta incómoda. La organización Sentencing Project analizó el panorama de condenas vitalicias en Estados Unidos —donde el 57% de la población carcelaria cumple penas de más de 10 años— y concluyó que «existe una relación débil» que vincule la disminución del crimen con condenas más largas.
La abogada penalista Roxana Cardona fue directa en sus declaraciones a la AFP: con esta medida «los centros penales se van a convertir en pozos humanos», advirtiendo además que la medida puede afectar a inocentes sometidos a esos juicios.
La vicepresidenta parlamentaria de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, respondió con la lógica contraria: con la medida se busca que los criminales «no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre», y argumentó que con la reforma se corrigen «décadas de injusticias contra la población que fue víctima de las pandillas».
Una reforma que se autocontradice
Existe una tensión jurídica interna que la reforma no ha resuelto. El inciso tercero del mismo artículo 27 de la Constitución establece que «el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos». La instauración de la cadena perpetua elimina cualquier posibilidad de prevención, readaptación o corrección, pasando a un sistema puramente punitivo, lo que podría contradecir este mandato constitucional.
Este jueves, cuando la ley entre en vigencia, El Salvador no solo estrenará una pena nueva. Estrenará también una filosofía penal: la de que algunos seres humanos, incluidos niños de 12 años, no merecen una segunda oportunidad.