El presidente Nayib Bukele asumirá nuevamente la presidencia de El Salvador con un «sobresaliente» en materia de Seguridad.
La última semana de marzo de 2022, El Salvador enfrentó la escalada de asesinatos más grande desde que Bukele asumió el poder, más de 80 personas fueron asesinadas en tres días por las pandillas, luego de un supuesto fracaso de un pacto entre el Gobierno y dichas bandas.
La medida ha dejado más de 80,200 detenciones y se ha extendido, a pesar de tratarse de una situación de «excepción», en 26 ocasiones por una Asamblea Legislativa bajo el control oficialista, que ni siquiera discute si es o no necesario mantener la interrupción de varios derechos ciudadanos para su implementación y asignación de recursos.
En el marco de la medida extraordinaria, las organizaciones humanitarias han registrado más de 7,000 denuncias de atropellos, entre detenciones arbitrarias y torturas, además de 240 muertes de personas capturadas y en custodia estatal.
El Gobierno ha mantenido una millonaria campaña de propaganda con cifras que presentan mas de seiscientos días sin asesinatos en el país, sin embargo, para el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), las cifras que se presentan en materia de homicidios «no son veraces» ya que no se incluyen muertes que administraciones anteriores sí agregaban.
Se trata de las muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, de presuntos delincuentes muertos a manos de ciudadanos, las osamentas y cuerpos en cementerios clandestinos, además las muertes de detenidos, a pesar de presentar señales de violencia.
De acuerdo con el OUDH, solo en 2023 el Gobierno de Bukele dejó de contar como homicidios la mitad de las muertes violentas, dado que reconoció únicamente 154 de 309.
Como contraste, las últimas encuestas realizadas en el país muestran que la «historia» de triunfos en el control de la violencia ha dejado de ser lo más importante para los salvadoreños.
El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) dio a conocer en enero que la situación económica estaba desplazando a la delincuencia como la principal preocupación de los salvadoreños.
El estudio indicaba que el 32,8 % de la población creía que el «principal problema que enfrenta El Salvador» es la economía, mientras que el desempleo alcanzó el 17,3 %.
Ya en mayo y a pocos días que Bukele inicie su segundo mandato, apenas un 5,7 % de los salvadoreños considera ya la Seguridad como su principal preocupación, según una pesquisa de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo).
El muestreo encontró una creciente preocupación de la población sobre su situación económica, lo que manifestó el 75 % de la población consultada en la encuesta de opinión.
El deterioro de las condiciones de vida de los hogares salvadoreños ha llevado a la opinión pública de una percepción de Seguridad a una realidad de crisis económica.
La pobreza extrema se duplicó en El Salvador entre 2019 y 2022 (de 4.3 a 8.6 %) y la cifra de personas bajo la línea de pobreza se elevó a 1,8 millones de los 6.3 millones de habitantes.
El Banco Central de Reserva (BCR) informó de un crecimiento del 3,5 % en 2023, pero en áreas como la agricultura han registrado un caída acumulada del 2% en el quinquenio, mientras que la baja de la industria ha sido de casi el 9 % entre 2019 y 2023.
La construcción sostiene las cifras macroeconómicas, pero se trata de un crecimiento frágil, mientras que El Salvador sigue siendo el país con la menor atracción de inversión extranjera en la región y con un aendeudamiento rampante que ya roza el 90 % del producto Interno Bruto, sin dar señales de detenerse.
La deuda pública a marzo de 2024 llegaba a los 30,000 millones de dólares, de los que 10,500 han sido generados por el actual Gobierno.
El marcado contraste entre los logros de Seguridad alcanzados en el primer Gobierno de Nayib Bukele y una economía con el menor rango de crecimiento en la región y la constante necesidad de endeudarse del Ejecutivo, incluso a costa de los fondos de pensiones de los trabajadores, pintan un futuro muy negativo para su segundo mandato.
Bukele, que el sábado 1 de junio tomará posesión como presidente para el período 2024-2029, logró la reelección inmediata en los comicios de febrero pasado a pesar de que la Constitución lo prohíbe, con la bandera del «combate» a las pandillas como su principal mensaje de campaña y sin prestar atención a la situación de la economía, lo que le ha valido el mayor reclamo por parte la población, según diversas encuestas.