El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió el viernes la implementación de medidas drásticas y cercanas a un «estado de sitio» para disminuir la cantidad de gente en las calles y presuntamente reducir así el riesgo de contagios por coronavirus.
Bukele llamó “escuadrones de la muerte 2.0” a un grupo de diputados de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que el viernes pidió la inmediata derogación de las medidas vigentes por 15 días a partir del jueves.
Las nuevas disposiciones suspenden de facto los derechos constitucionales de los ciudadanos salvadoreños al coartar el derecho al libre movimiento de las personas en territorio nacional, la circulación del transporte colectivo; así mismo, impide a las personas cruzar de un municipio a otro y permite ir a mercados, supermercados, farmacias y hacer trámites bancarios para poderlo hacer solo dos veces por semana, de acuerdo con el último dígito del documento de identidad.
El partido ARENA, tanques democráticos de pensamiento, abogados constitucionalistas y analistas políticos consideran que esas decisiones afectan derechos constitucionales y se convierten en un “régimen de excepción disfrazado” al restringir la libertad de circulación de personas, productos y servicios esenciales, algo que no está contemplado en el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa en la madrugada del pasado martes.
Bukele reconoce las incomodidades que causan las nuevas medidas adoptadas, pero advierte que “la única esperanza para evitar una catástrofe sanitaria” en El Salvador es que funcione la cuarentena especial y acusó a la oposición de “babear” “por ver cadáveres tirados en las aceras y poder culpar al Gobierno”.
El Ejecutivo salvadoreño teme, de acuerdo a analistas, que sus medidas represivas reduzca la popularidad que le respaldó en los primeros meses de su gobierno.
La petición del partido ARENA se suma a los llamados que hicieron al gobierno el jueves la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para que derogue las medidas que han imposibilitado la operación de la mayoría de las empresas.
“El Estado debe asegurar el goce de la libertad, la salud y el bienestar económico de todos los habitantes. No es una o la otra. No es quitar unas por asegurar otra. Son todas al mismo tiempo”, aseguró Javier Simán, presidente de la ANEP.
Bukele dijo el martes que si la cuarentena especial funcionaba reabrirían varios sectores de manera paulatina. El viernes las gremiales empresariales se reunieron con Rolando Castro, ministro de Trabajo, para analizar los protocolos de seguridad que serían implementados al momento de reabrir las empresas.