Luego de mantener por dos años y medio a la población salvadoreña con sus derecho constitucionales cohartados con un régimen de excepción, el presidente Nayib Bukele planteó la posibilidad de prescindir de esa medida que debía ser supuestamente temporal y que fue aplicada como estrategia de seguridad para supuestamente combatir a las pandillas y controlar a sus opositores a través del miedo.
Bukele considera que los logros alcanzados en la reducción de asesinatos y con la detención de casi de 81,500 personas en ese periodo podrían mantenerse en el futuro sin el régimen de excepción, según dijo en una entrevista para la revista Time publicada el jueves.
“En algún momento en el horizonte cercano, en el corto plazo, nosotros esperamos poder quitar el régimen de excepción, regresar a la normalidad en el término constitucional y poder mantener la paz que hemos logrado con simple actividad judicial y judicial normal”, aseguró Bukele, dejando abierta y sin definir la fecha para la toma de esa eventual decisión.
Sin embargo, mencionó que podría darse “a la brevedad posible”.
Los salvadoreños tienen sus derechos cohartados con un régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022, que suspende derechos fundamentales para la población como el de ser asistido por un abogado en caso de detención, el de ser informado de los motivos de la detención o el de la inviolabilidad de las comunicaciones o de asociación.
Además, el periodo de detención para cualquier persona se amplió hasta 15 días sin ser puesto a disposición judicial, lo que en la praxis se convirtió a meses. En los 887 días en que la excepción ha estado vigente, han sido detenidas 81,420 personas señaladas de pertenecer a las pandillas, pero organizaciones no gubernamentales e internacionales han denunciado casos de muertes, torturas y detenciones arbitrarias.
Más del 90% de ellas están en prisión sin sentencia en su contra y al menos 7,000 han sido liberadas por falta de pruebas.
Bukele, quien revalidó su mandato con una notoria mayoría de votos en febrero pasado pese a la prohibición constitucional para la reelección, sostuvo que todavía hay más de 8,000 pandilleros libres. No obstante, consideró en la entrevista que la seguridad en El Salvador “sí puede existir sin estado de excepción”.
Hasta el jueves, la organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario, registraba 307 muertes de personas adultas detenidas y cuatro bebés.
El presidente declaró que “no hay ni una tan sola prueba de tortura” y atribuyó las muertes a enfermedades: “No estamos matando a nadie en la cárcel”, dijo, pero omitió que el sistema carcelario bajo su tutela niega la ayuda médica a los capturados, lo que ha sido considerado como un «crimen de lesa humanidad».